Uno de los principales males que le ha provocado la gestión del procurador general de la República Jean Alain Rodríguez a la administración de Justicia en el país han sido los denominados “juicios por la prensa”.

Pese a que la Constitución y el Código Procesal Penal protegen la presunción de inocencia como un derecho fundamental de los imputados y a que la fase preparatoria que realiza el Ministerio Público no es pública para los terceros, el actual incumbente de la Procuraduría General de la República se ha caracterizado por un “excesivo histrionismo” en casos sonoros como el de Odebrecht.

Esa actitud ha generado suspicacia y desconfianza en un sector de la opinión pública que se pregunta si existen “titiriteros” moviendo los hilos detrás del Procurador para sacar ventajas políticas del caso Odebrecht.

Sólo así se explica la presencia del funcionario en medios de comunicación previo a la celebración de la audiencia de apelación del expediente en que se ventilará la pertinencia de las medidas de coerción impuestas por el juez especial de la instrucción Francisco Ortega Polanco a los encartados en el expediente.

El titular del Ministerio Público se presentó anoche al programa de noticias del reconocido periodista televisivo Roberto Cavada, donde dijo que los 14 imputados de Odebrecht deben permanecer en prisión para disminuir el riesgo de fuga, reducir las posibilidades de distracción de fondos y para preservar sus propias vidas.

La entrevista se anunció desde el pasado fin de semana e inmediatamente despertó cuestionamientos entre opinantes que veían como “una imprudencia” de Rodríguez anticiparse públicamente a los jueces que conocerán la apelación del caso.

En redes sociales
Sus declaraciones levantaron una “polvareda” en las redes sociales, motivando que miles de twitteros se opusieran a esa práctica de juzgar a los ciudadanos por los medios de comunicación.

El “hashtag” “se presumen inocentes y libres” hizo tendencia en Twitter desde anoche y aún hoy en la mañana permanecía en primer lugar, como respuesta a las declaraciones del funcionario.

Dentro de los argumentos que los ciudadanos citan para reprobar ese tipo de prácticas del jefe del Ministerio Público está el hecho de que la Constitución en su artículo 40 prevé la libertad de los imputados como el estado natural de las personas hasta que haya sentencia definitiva sobre los casos.

Asimismo, que la privación de libertad es la última de las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal, que dispone de otras que igualmente aseguran la integridad del proceso en la fase preparatoria.

Incluso, se establecen medidas de coerción reales; es decir, medidas cautelares sobre los bienes de los imputados para evitar distracciones, sin necesidad de mantenerles en prisión.

Linchamientos mediáticos
A pesar de que hay que reconocer la notoriedad de estos casos para la opinión pública y el conflicto entre la presunción de inocencia de los imputados y el derecho a la información de los ciudadanos, lo cierto es que el Procurador quien busca los “flashes” de las cámaras de los medios para propiciar olas de opinión pública que propician el “populismo judicial” y “linchamientos mediáticos”.

A juicio de juristas y especialistas en la materia procesal penal, las declaraciones del funcionario constituyen una presión innecesaria a los cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que deberán conocer el controvertido expediente.

Los magistrados son Mirian Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal de la SCJ, Hiroito Reyes, Frank Soto, Ester Agelán Casanova y Alejandro Moscoso Segarra.

Para sectores jurídicos y parte de la sociedad civil constituye un anhelo institucional que llegue el día en que la Justicia se maneje sin ese tipo de presiones de funcionarios y que las decisiones de los jueces no sean “linchadas” en los medios de comunicación, a fin de que impere la seguridad jurídica.