CARACAS, VENEZUELA, (AP).- La oficialista Asamblea Nacional Constituyente levantó el miércoles la inmunidad al expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Julio Borges, y al diputado Juan Requesens para que sean enjuiciados por su presunta relación con el intento de atentado al presidente Nicolás Maduro, proceso que ha desatado nuevas tensiones en el país suramericano azotado por una crisis.
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, anunció la aprobación por unanimidad del retiro de la inmunidad parlamentaria de Borges, quien está desde hace varios meses en Colombia, y Requesens, que fue apresado la víspera por la policía política.
“Total y absolutamente aprobado por unanimidad, por convicción política, democrática”, dijo Cabello durante la sesión al advertir que todo aquel que esté involucrado en el caso le llegará la justicia. “Viene la justicia y viene con todo”, agregó.
La decisión de la Constituyente se da horas después que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arresto de Borges y el enjuiciamiento de Requesens para procesarlos por su supuesta vinculación con el intento de magnicidio.
El máximo tribunal indicó en un comunicado que existen elementos que comprometen a Borges, quien se encuentra desde hace varios meses en Bogotá, en los delitos de “instigación pública”, “traición a la patria” y “homicidio intencional calificado en grado de frustración” contra Maduro y los siete militares que resultaron heridos en el incidente del pasado sábado.
El Tribunal Supremo, señalado de ser controlado por el gobierno, determinó que no procede el antejuicio de mérito contra el expresidente del Congreso, que encabezó una campaña internacional para denunciar al gobierno, debido a que habría actuado en “flagrancia”, y ordenó su “inmediata detención” para procesarlo por el caso.
Asimismo, el organismo indicó que existen “suficientes elementos de convicción” para enjuiciar a Requesens, quien fue arrestado la víspera en su residencia por la policía política, y ordena mantener detenido al joven diputado.
La decisión contra los dos legisladores del partido Primero Justicia se da un día después que Maduro los implicó en el atentado.
A la salida de un encuentro con el presidente del Congreso colombiano, Borges rechazó el proceso en su contra, y dijo dirigiéndose a Maduro: “nosotros lo queremos ver a usted como estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos, preso por la destrucción de la democracia”, y lo señaló de ser el “único promotor de la violencia”.
El dirigente político de 48 años desestimó los señalamientos de las autoridades e indicó que con el intento de atentado se busca “tapar el caos que vive Venezuela”.
Las acciones contra los dos diputados opositores desataron el miércoles nuevas tensiones en su país.
Horas antes de que la Constituyente levantara la inmunidad de ambos, la Asamblea Nacional -controlada por la oposición- descartó que vaya a reconocer esa decisión y acusó a esa instancia de usurpar funciones del Legislativo.
La directiva del Congreso condenó antes en un comunicado la detención de Requesens, un exdirigente estudiantil de 29 años, y acusó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) -la policía política- de secuestrar y violar el debido proceso del congresista, quien fue sacado por la fuerza la noche del martes de su apartamento junto a su hermana, según un video que se difundió en las redes sociales.
La constitución establece que todos los diputados gozan de inmunidad y que de cometer algún delito sólo el Tribunal Supremo de Justicia podrá ordenar su detención para su enjuiciamiento con previa autorización de Asamblea Nacional.
A las críticas por los procesos iniciados contra los dos opositores se sumó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que exigió el cese de los “ataques y las persecuciones políticas”. Almagro dijo en su cuenta de Twitter que “dada la falta de credibilidad” de las autoridades venezolanas y el “uso de la tortura” para incriminar, se debería nombrar una comisión de expertos internacionales para investigar el intento de atentado a Maduro.
El fiscal general Tarek William Saab anunció el miércoles que tres de los detenidos por el caso fueron presentados la víspera en tribunales y que se iniciaron los procesos para tramitar las solicitudes de asistencia mutua en materia legal con Estados Unidos y Colombia para que entreguen a los venezolanos implicados en el caso que estarían en esos países.
Saab dijo a la prensa que los presuntos financistas de la operación estarían en territorio estadounidense y colombiano, y precisó que dos de los implicados en el caso -Rayder Russo Márquez y el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo- están en Colombia.
Poco después la cancillería informó en su cuenta de Twitter que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y Saab se reunieron con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas para “compartir las pruebas” que señalan a los financistas del intento de atentado que estarían radicados en el estado de Florida y “solicitar su extradición”.
Arreaza expresó que el diplomático estadounidense manifestó preocupación por los hechos y la voluntad de su gobierno de cooperar. Agregó que Venezuela pedirá la extradición de Osman Delgado Tabosky, quien es señalado como financista del grupo y estaría en el estado de la Florida.
Uno de los drones, que sobrevoló cerca de la tribuna presidencial, fue desorientado con equipos “inhibidores de señales” y fue activado por las autoridades fuera del perímetro de la tribuna presidencial, mientras que el segundo perdió el control y cayó en un edificio próximo al lugar del acto, reveló el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol.
Por este caso fueron apresadas seis personas, precisó Reverol.
