Los códigos procesales en todas las materias jurídicas indican con claridad el rol que corresponde a los intervinientes en casos punibles o contenciosos, así como las vías de derecho que tienen disponibles, ninguna de las cuales incluye el uso de la prensa para dirimir o resolver conflictos entre jueces y fiscales.
Se dice que los jueces se pronuncian por sentencia y el Ministerio Público por dictámenes, lo que refleja la voluntad del Constituyente de sustraer a ambos de disquisiciones que afecten su libre albedrío o lo distraigan del compromiso, el primero de revisar y estatuir sobre las pruebas de cargo o descargo aportada en audiencia por el otro.
Es verdad que en no pocas ocasiones desde la Procuraduría General se emplean a los medios de comunicación como poltrona para apuntalar o consolidar discursos jurídico forenses cuyo contenido son del fuero exclusivo de los tribunales o cortes, y que en no pocas ocasiones esa vía extraviada lesiona derechos de encartados en expedientes penales.
Lo aconsejable sería que el procurador general, así como los presidentes o voceros de las altas cortes limiten su comparecencia pública a ofrecer informaciones puntuales sobre sus respectivas áreas o a ilustrar a la sociedad sobre temas jurídicos más cercanos a lo académico que a lo contencioso.
No resulta saludable que el titular del Ministerio Público, procurador adjunto o algún otro representante emita juicio sobre la integridad de jueces de cualquier jurisdicción y, menos aún, de la augusta Suprema Corte de Justicia.
Cuando cualquiera de los intervinientes en un proceso considere que un magistrado vulnera o puede vulnerar sus derechos, la ley pone a su disposición vías expeditas para recusarlo, nunca para ofenderlo, degradarlo o humillarlo, lo que también se aplica para propios jueces, a quienes les está vedado emitir expresiones fuera de la inmunidad del tribunal que puedan ser calificadas como injuriosas o afrentosas contra cualquier otro funcionario del Poder Judicial, imputados, víctimas o ciudadanos ordinarios.
El ‘affaire’ que involucra a la magistrada Mirian Germán, al presidente de la Suprema Corte Mariano Germán, al procurador general Jean Alain Rodriguez y a la procuradora adjunta Laura Guerrero Pelletier, degrada a la justicia y al Ministerio Público, cuyos intervinientes han debido recurrir a vías de derecho y no al improperio.
