Familiares de un joven economista asesinado por una patrulla cuando compartía con la novia en el interior de su vehículo frente a la Torre Washington del malecón el 18 de noviembre del pasado año, reclamaron hoy que se haga justicia para que todos los responsables respondan por el crimen.
Portando pancartas decenas de personas se concentraron esta mañana frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en demanda de que se aplique medidas drásticas contra todos los responsables de la muerte del joven René Antonio Rojas Mora, de 25 años, hijo del sindicalista René Moya.
Entre los que reclaman justicia, está el presidente del Concejo Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, quien acompañó a los manifestantes.
El padre del joven asesinado se quejó de la negligencia de la Fiscalía del Distrito Nacional para perseguir a otros cinco responsable del hecho que no han sido sometidos.
Narró que cuando su hijo compartía con su novia, una patrulla integrada por seis agentes le tocó el cristal del vehículo y que el economista se sorprendió y tomó una calle sin salida, donde los agente lo asesinaron.
Pidió al Ministerio Público profundizar la investigación del caso donde a solo uno de los seis participantes se le impuso 3 meses de prisión preventiva.
Expresó que la respuesta que ha recibido de la Policía, es que de gracias a Dios que no le pusieron un arma sucia, es decir con la que se haya cometido varios crímenes, para decir que fue en un intercambio y justificar la acción criminal.
El joven economista había regresado de Slonia, en Europa del Este, donde se graduó con honores en la universidad Ljubljani.
El padre de la víctima identificó a los cabos de la Policía Carlos Manuel Contreras Sánchez, Santo Bolivar Rojas Ogando, así como a los rasos del Ejército Sandy Martínez Cruceta, y Raidel Manuel Montilla de los Santos, como los responsables de la muerte de su vástago.
El próximo miércoles a las 9:00 de la mañana, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción a uno de los imputados.