Definitivamente la República Dominicana está dominada en pleno Siglo XXI por una conducta fundamentada en complicidades, pactos de silencios y violaciones absurdas, entre el Estado, las clases dominantes y los partidos políticos.
Aquí en esta media Isla desde el nacimiento de la República hasta la fecha lo que más se ha destacado como una constante histórica oprobiosa entre todos los actores que han tomado decisiones a lo largo de los más 150 años de vida republicana es la burla a la Constitución, las leyes y la voluntad de los gobernados. Y esto no puede ser.
Por ejemplo, resulta inaceptable que en un momento como el actual en que el mundo vive lo que muchos asesores geopolíticos internacionales han denominado la ¨revolución de la transparencia¨, aquí en este país haya funcionarios gubernamentales y servidores municipales y de otra índole que se resistan hacer su declaración jurada de bienes.
De igual manera, es imposible tolerar que a esos ciudadanos se les sigan tolerando la burla de violentar la Constitución de la República, en su artículo 146, que los obliga a presentar declaración jurada de bienes a los fines de promover la transparencia y la gestión ética.
Esto quiere decir que, aquellos funcionarios designados por decreto, como ministros, directores de instituciones centralizadas y descentralizadas, embajadores, cónsules y otros, tienen la obligación de respetar el mandato Constitucional y lo que establece la Ley de Declaración Jurada 311-14 y su reglamento de aplicación.
Repito, es inadmisible que este tipo de violaciones a la Constitución y a la Ley 311-14 sobre la Declaración Jurada de Bienes siga pasando como quien ve llover y nada pasa. Así nos vamos para ninguna parte. Ya es hora de que las autoridades competentes se despojen de esos viejos y nocivos patrones de complicidades, pactos de silencios y solidaridades mal entendidas y apliquen sin contemplaciones el régimen de consecuencia que pone a su disposición la misma Constitución y la Ley 311-14 que rige sobre la materia. Más nada.
El Presidente Danilo Medina y la presidenta de la Cámara de Cuentas de la República, Licelot Marte; están en el deber de aplicar las medidas sancionadoras que indican las leyes a los fines de que se detengan esas desagradables violaciones.
Finalmente, si no hacemos esto es muy probable que vengan de fuera a imponernos cosas y pasemos malos momentos al estilo Brasil y otros países de corte progresistas que no le han puesto atención a este componente de Transparencia que están exigiendo los dueños del mundo y sus soportes ideológicos en la Región. Ojo…
