La Junta Central Electoral (JCE) figura entre las instituciones a las cuales el Poder Ejecutivo no asignó la cantidad de dinero solicitada para el presupuesto del próximo año. El recorte o no complacencia se ha debido a las dificultades que se proyectan para alcanzar las metas de recaudación fiscal en medio de los problemas previsibles en el desenvolvimiento económico del mundo, por quinto año consecutivo.

Hay que entender que si el Poder Ejecutivo acogiera los montos que presentan las instituciones públicas y privadas que reciben fondos del Estado, el presupuesto del Gobierno andaría por los 850 mil millones de pesos.

Proyectar un presupuesto en ese nivel sería una auténtica locura que generaría no solo un hoyo fiscal sino todo un océano, algo que ningún gobernante responsable provocaría a consciencia.

Así que resulta inexplicable el laborantismo mediático que desarrolla la JCE para hacer creer que la no asignación del monto solicitado provocará su desarticulación.

Por de pronto, la JCE ha anunciado la adopción de drásticas medidas de recorte que empezaron por el cierre de algunas de sus oficinas en el exterior-o por lo menos el anuncio de cierre-, con lo cual afectaría a una población que por años luchó para que se le reconociera lo que se consignó en la Constitución del 2010.

La Junta tiene otros mecanismos para balancear su presupuesto sin lesionar las conquistas de los dominicanos del exterior, pero va por lo menos complicado. Aparenta un mecanismo de presión para poner a los dominicanos del exterior en contra del Gobierno, lo cual sería inaceptable.

Además, el organismo no puede suponer que es el único que puede salir airoso de los recortes, cuando todas las instituciones públicas han visto mermadas sus aspiraciones de recursos.

Por lo demás, estamos a tres años de distancia de las próximas elecciones.