Prueba para el TSE

El Tribunal Superior Electoral, con caras nuevas, tiene una franca oportunidad de restaurar su debilitada imagen. Salir como salieron los predecesores no es la forma deseable para los recién posesionados jueces de esa alta corte. Un propósito ha de ser satisfacer a la sociedad mediante acciones –y solo eso- justas y correctas. Así saldrán bien.

La instancia sometida por dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano para anular aspectos del estatuto hecho a su medida por el presidente de ese grupo, Miguel Vargas, es una oportunidad para que el TSE indique sus actitudes frente a los conflictos en los que le corresponderá tomar decisiones, sobre todo de los partidos políticos.

El ejercicio de la democracia tiene que empezar por las organizaciones políticas. Es bien sabido que el señor Vargas ha estropeado la trayectoria democrática del PRD, fundado antes de que él naciera. Fue un gran partido y jugó papeles estelares en pro de la democracia dominicana, pero Vargas lo disminuyó para perpetrar su control unipersonal.

Dos vicepresidentes del PRD -Andrés Henríquez y Aníbal García Duvergé- depositaron un amparo contra tres artículos del estatuto, en los que el presidente de la organización se otorga poderes extraordinarios. Estos y otros dirigentes han emprendido la tarea de restablecer el orden institucional en el más antiguo partido de República Dominicana.

Se pide al TSE declarar nulos los artículos 55, 62 y 173 del estatuto que se hizo aprobar el señor Vargas por considerar que “liquidan el ámbito de actuación de los organismos y crean instrumentos revertidos de legalidad”. El recurso fue introducido a través de los abogados Guido Gómez Mazara y Homero Samuel Smith.

Vargas se ha arrogado el derecho a designar candidatos a cargos electivos por encima de los escogidos en las convenciones partidarias. Por igual, se ha concedido la facultad de nombrar dirigentes en adición a los investidos por los órganos regulares. Todo se ha acomodado al interés personal de Vargas. Y así no se construye la democracia.

Un artículo estatutario indica que el PRD tendrá cincuenta vicepresidentes, pero que el presidente tiene potestad para designar los que considere. Los reclamantes indicaron que las acciones legales procuran devolver al PRD el ritmo institucional capaz de activar los “circuitos de participación y apertura” limitados por una actitud personalizada.

Pese a algunos cuestionamientos, la designación estos nuevos jueces ha sido más saludable para nuestra democracia que la apetecida permanencia de los anteriores. Tienen suficiente tiempo para quedar bien con la sociedad y sus conciencias. Reorientar el PRD es una oportunidad para ello, aunque sea una prueba para el TSE.