Los partidos que postularon al licenciado Bernardo Santana Páez como candidato a diputado de El Seibo le propinaron un golpe bajo al inscribir a la señora Soraya Chaim para esa misma posición, en el momento en que el primero esperaba el resultado de un recurso de amparo interpuesto ante la Segunda Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.
Resulta que el pasado miércoles el tribunal emitió una sentencia que dispone que la Junta Central Electoral viabilice la candidatura de Santana, la cual había sido objetada porque el ex jefe de la Policía no está registrado en el padrón de votantes.
Tanto el presidente de la JCE, Julio Cesar Castaños Guzmán, como el de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, han dejado entrever la pertinencia de la sentencia suscrita por el juez Pedro Reinaldo Vásquez.
Ambos, sin embargo, plantearon la dificultad de inscribir a Santana porque ya las fuerzas que lo apoyaban (PLD y PRSC) habían inscrito a otra persona para esa posición. Rosario fue muy preciso al decir que para aceptar la candidatura del general retirado, la nueva inscrita tendría que renunciar o morir.
Ninguno habló mediante sentencia, como suelen hablar los jueces, pues los dos lo hicieron sin el consenso de los demás componentes de sus respectivos órganos. Hablaron los presidentes, no las entidades.
El registro electoral se cierra, por mandato de la ley, 150 días antes de la fecha de las elecciones. Cuando Santana Páez fue pasado a retiro, ya estaba cerrado, por tanto queda sin derecho a votar. Pero, ¿quién puede impedirle el derecho a ser elegido? Más de un candidato no votará por sí mismo en las venideras elecciones.
Si la JCE no acatara la sentencia de la Cámara Civil y Comercial que ordena inscribir la candidatura a diputado por El Seibo de Bernardo Santana Páez, éste podrá recurrir a la Corte Interamericana, pero probablemente se quede fuera de la boleta en unos comicios para los que hoy faltan 35 días.
El juez ha considerado que a Santana se le violentó su derecho constitucional de ser elegido, cuando se objetó su candidatura. Aún más, el magistrado ha observado que la resolución de la JCE en tal sentido carece de las debidas motivaciones.
Es importante que el doctor Castaños Guzmán haya definido como interesante la situación y opinara que amerita un estudio jurídico. Se está penalizando a un ciudadano que servía a la sociedad a través de una institución pública, para lo cual se despojó de sus derechos políticos al ingresar. Justo sería que al egresar se le restauren esos derechos. A él y a todo militar o policía que sale de su institución en forma correcta.
