La situación financiera del gobierno dominicano se torna cada vez más compleja. No sólo las ráfagas de la crisis erosionan los ingresos fiscales, sino que, según datos recientes de la consultora Economi-k, desde el pasado mes de diciembre, los préstamos del gobierno a la banca ya superan los montos de sus propios depósitos.
En otras palabras, como consecuencia del descenso de los ingresos fiscales, lo que es un indicador de que el consumo se está reduciendo por causa de la crisis, el gobierno está financiando sus gastos con préstamos de la banca, que ascienden a unos 23,000 millones de pesos, mientras que sus depósitos en la banca ascienden a unos 15,000 millones de pesos. Es el llamado efecto crowding out.
Sigue, por tanto, incrementándose el endeudamiento público interno y externo, aumentando el déficit fiscal. Hay mucha preocupación en distintos sectores de la vida nacional sobre esta situación, que todavía no ha tocado fondo. El gobierno sigue este mismo ritmo de gasto, en detrimento de la sanidad de las finanzas públicas.
Y lo cierto es que el gobierno no desaprovecha cualquier oportunidad para distraer la atención sobre estos serios y graves problemas. Ahora el turno le corresponde a la reforma constitucional, que reconozco su importancia y que la mayoría del pueblo dominicano rechaza determinadas propuestas que están consignadas en la propuesta continuista del Poder Ejecutivo, pero solo no nos descuidemos de poner atención prioritaria a la solución de la crisis económica, que es lo que afecta a los bolsillos de todos/as.
Todo lo que acontece en las finanzas públicas coincide con el más reciente Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial (abril, 2009), auspiciado por el FMI, del cual, solo leyendo las primeras líneas, nos damos cuenta de la gravedad de la situación:
El sistema financiero mundial continúa sometido a graves tensiones a medida que la crisis se extiende a los hogares, las empresas y la banca de las economías avanzadas y de mercados emergentes. La contracción de la actividad económica ejerció nueva presión sobre los balances de los bancos en medio de la caída ininterrumpida del valor de los activos, haciendo peligrar los niveles de capitalización y desalentando aún más el crédito. Por lo tanto, la expansión crediticia se está desacelerando e incluso retrocediendo, y eso agudiza la presión sobre la actividad económica.
Dicho de otra manera, la crisis financiera mundial se ha extendido a los hogares y a las empresas de las economías avanzadas y los mercados emergentes. Sólo parece que en el gobierno lo ignoran, pues el resto del país está sufriendo su impacto.
Con este escenario global y local sombrío, en el que el gobierno tiene escasas fuentes de crédito, todo luce indicar que el gobierno tendrá que tocar nuevamente las puertas del FMI para un nuevo acuerdo. La pregunta es, ¿estará en condiciones el gobierno de aceptar las exigencias del FMI, y que lo obligarán (al gobierno) a ajustarse sus cinturones?
