A pesar de que el patrullaje preventivo que realiza la Policía se ha reforzado con la asignación de mil 900 efectivos del Ejército, los niveles de garantía a la seguridad ciudadana son aun precarios, al punto que ayer a plena luz del día desconocidos armados perpetraron sendos atracos en Santo Domingo y Santiago.
Se resalta la colaboración que prestan los institutos armados para el control de la criminalidad. Pero se insiste en la necesidad de un plan integral de seguridad ciudadana en cuyo diseño participen otras instituciones del Estado y la sociedad, con énfasis en la promoción de la inclusión social, promoción de empleo y de la educación.
A plena luz del día un individuo que viajaba en un taxis disparo contra el empresario Raymond Maurice Olsen, en el estacionamiento de un banco de la avenida John F. Kennedy, a quien despojo de un maletín con 200 mil pesos, mientras que en Santiago, asaltantes robaron más de tres millones de pesos de una agencia de cambio, en la avenida Las Carreras.
Llama la atención que ambos atracos se perpetraron en avenidas muy concurridas y con agresiones a balazos contra las víctimas y personal de seguridad, lo que se interpreta como desafío a las autoridades, pues se trata de delincuentes con manifiesta intención de agredir o asesinar.
Robos, atracos y asaltos se han convertido en casos frecuentes en barrios populares, zonas residenciales y en avenidas donde operan establecimientos comerciales, bancos y agencias de cambio o bancas de apuestas, aunque la Policía, reforzada con efectivos militares, enfrenta con decisión e intensidad a la delincuencia y criminalidad.
La mayoría de los delincuentes que actúan en el Gran Santo Domingo y ciudades de provincia, tienen la condición de reincidentes, lo que obliga al Ministerio Público y tribunales penales a revisar todo lo relacionado con los niveles de investigación, recolección de pruebas y aplicación cabal de la ley penal.
La Policía hace todo lo que puede para desalojar la delincuencia de las calles, pero, por alguna razón, la justicia los retorna a la vida pública, por lo que urge romper ese fatídico circulo que sólo sirve para alentar el crimen y desalentar a las autoridades.
Gobierno, justicia, Ministerio Público, Congreso, instituciones académicas y sociedad civil están compelidos a concluir el diseño de un plan de seguridad ciudadana integral, que promueva prevención, sancione la comisión de crímenes y delitos y que blinde a la juventud ante el flagelo de la criminalidad.
