La Cámara de Diputados aprobó ayer, a las apuradas, una modificación a la Ley de Seguridad Social con el objetivo de reducir la comisión por exceso de rentabilidad que cobran las AFP. Dicha modificación que parece haber sido realizada sin ningún tipo de estudio o análisis objetivo respecto del sector, pudiera generar mayores problemas que beneficios a todos los que estamos cotizando nuestras pensiones bajo el actual modelo de seguridad social. No hay dudas de que la forma en que las AFP reciben sus ganancias debe ser replanteada, pero la vía elegida es sin dudas la menos apropiada si realmente se busca la protección del dinero de los millones de personas que cotizamos en el sistema. Esperemos que esta modificación sin sentido nunca llegue a ser ley y que, por el contrario, nos aboquemos a tratar con seriedad el tema.
Los que tienen buena memoria recordarán que los primeros años de las AFP fueron severamente tumultuosos y que las inversiones por lo general estaban muy concentradas y daban rendimientos pírricos. En la medida que en los últimos 5 años el Ministerio de Hacienda y el Banco Central empezaron a inundar el mercado de valores con títulos de altos rendimientos y con garantía soberana, la salud financiera de las AFP empezó a mejorar y estas empezaron a obtener buenos resultados, los cuales provocaron la irracional reacción que ha culminado con esta absurda modificación a la Ley de Seguridad Social.
La Ley de Seguridad Social así como sus reglamentos, vinieron con un error de fábrica. Primero estos limitaron las fuentes de ingresos de las AFP a dos comisiones determinadas medalaganariamente, para las cuales fijaron topes calculados al ojo y con muy poca previsibilidad. Adicionalmente, dichas normativas facilitaron que sus órganos reguladores pudieran caer en el error de microrregular a las entidades participantes al punto de sofocar cualquier apertura para nuevos participantes, así como uniformizar el alcance de los servicios que estas entidades pueden ofrecer a sus afiliados.
Más aún, la Ley de Seguridad Social actual despoja de poder a sus afiliados para no solo designar a la AFP de su preferencia (abriendo las puertas a que los empleadores lo hagan por estos), sino que adicionalmente dificulta los cambios de AFP por parte de los afiliados creando una verdadera muralla burocrática para que los consumidores puedan ejercer su poder de elección.
Naturalmente, en un mercado tan rígido, donde la microrregulación ha llevado a las empresas a operar idénticamente sin capacidad de ofrecer ventajas palpables a sus afiliados, ocurrió lo esperado y las AFP participantes en el sistema se fueron directamente a los extremos que les permite la normativa, sin tener ningún incentivo o presión competitiva para intentar algo distinto.
La modificación aprobada por los diputados no mejora la competitividad del sector de pensiones, y solo genera presión negativa sobre la salud de un sistema que en su corta existencia ha mostrado ser frágil, y que ante cualquier vaivén de la economía, las tasas de referencia del Banco Central o las políticas de deuda pública del Estado podrían recibir un impacto material sobre su situación financiera.
