Dos semanas antes de participar en el asalto a una sucursal bancaria en diciembre, Brayan Peter Félix Paulino fue apresado en San Cristóbal y remitido junto a otro individuo a la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), donde se dice fue puesto en libertad después de pagar un soborno de 25 mil pesos.
Las autoridades acusan a un mayor del Ejército de haber suministrado el fusil y la pistola usados por Félix Paulino y John Percival Matos en ese atraco y en otros perpetrados en plazas comerciales de Villa Mella y Bella Vista. ¿Y entonces?
Conforme a las primeras versiones, ese forajido fue remitido junto a otro individuo al Dicrim, donde habría sido liberado sin que previamente fueran depurados para determinar si tenían algún asunto pendiente con la justicia.
Se trata de otro episodio escandaloso de soborno, cohecho o complicidad en el que se involucra a agentes policiales, que si bien, como dice el relacionista policial, no debería embarrar a la institución, la verdad es que daña severamente su imagen.
En relación con la desmantelada banda de Percival Matos, coinciden dos situaciones altamente preocupantes: que las armas usadas en las tropelías fueron facilitadas por un oficial militar y que liberaron a uno de sus integrantes tras el pago de un soborno.
No es fácil entender cómo un oficial sustrae un fusil AR-15 de algún arsenal militar para ponerlo a disposición de una banda de atracadores, como tampoco se entiende que desde la misma Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía se libere a un fugitivo perseguido por la comisión de dos atracos.
¿Cómo es posible que desde San Cristóbal remitan a una dirección general de la Policía dos sospechosos para fines de investigación y que en esa área se disponga su libertad, sin ningún trámite?.
Lo menos que se puede reclamar al director de la Policía Nacional es que se esfuerce por esclarecer esos episodios de complicidades y soborno, porque es preciso insistir en que ningún delincuente puede estar a cargo de perseguir delincuentes.
