Las supuestas irregularidades en el canódromo que trató de investigar el defensor del Pueblo cuando fue agredido por oficiales y agentes de la Policía parece que no se aclararán.

De la investigación ordenada por la Policía para verificar el escándalo nada se conoce. Pero la impunidad no ha impedido que la coronel Ysabelita de los Santos Pérez y otros seis agentes de la Digesett tengan que responder por la agresión a Pablo Ulloa, otros funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a periodistas.

Ulloa tuvo que querellarse contra los agresores, entre los que destaca la oficial, quien era la encargada de la retención y despacho de vehículos en el departamento. Indigna que las supuestas irregularidades que motivaron la investigación ni la violación de la data de una cámara a un periodista de Listín Diario terminen por aclararse.

Se trata de un premio a la impunidad. Pero recompensa el juicio preliminar contra los señalados protagonistas de la agresión a funcionarios y periodistas.

La esperanza es que en el proceso judicial salga a relucir toda la verdad sobre los deplorables sucesos. Y sobre las supuestas irregularidades aceptar el triunfo de la impunidad.