No obstante el autobombo con que presentó la acusación contra los imputados del escándalo Odebrecht, tanto las comparaciones como el alcance sugieren que la Procuraduría General de la República se quedó a mitad de camino en las investigaciones.
Aunque la constructora confesó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, la pesquisa deja una incógnita con la imputación únicamente del senador Tommy Galán a partir del año 2012. Resulta muy suspicaz que desde la fecha en las más de 130 mil horas y el examen de las miles de transacciones y operaciones financieras no aparecieran más sospechosos de beneficiarse de los pagos ilícitos.
Aunque el procurador Jean Alain Rodríguez declaró que en función del acuerdo de cooperación, a través del cual Odebrecht se comprometía a resarcir al Estado con 184 millones de dólares y dar toda la información sobre el entramado, queda la duda del porqué no se trilló la ruta de países como Perú, que no conforme con las delaciones premiadas, los fiscales viajaron a Brasil para interrogar tanto al presidente Marcelo Odebrecht como a otros ejecutivos de la firma.
De ese interrogatorio resultaron los vínculos con el consorcio de empresas asociadas al renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski, de la líder opositora Keiko Fujimori, así como una gama de políticos y empresarios, de los cuales muchos están en prisión.
Era una utopía esperar una investigación más profunda, que pusiera los puntos sobre las íes. Pero ante la megalomanía exhibida por el Ministerio Público es preciso resaltar lo que parecen cabos sueltos.
La impresión dejada por la investigación es que los acusados no abarcan el universo de las comisiones confesadas por la compañía. De hecho los montos que según el expediente recibieron cada uno de los sometidos distan mucho de los 92 millones de dólares, quedando una respetable proporción cuyo destino jamás se sabrá a menos que la propia Odebrecht suministre las informaciones correspondientes.
A pesar de los 1,711 elementos de pruebas que citó, puede inferirse que Rodríguez está consciente de los eslabones perdidos que restan consistencia a la investigación.
De no ser así no había necesidad de dejar caer de antemano la nada sutil presión sobre los jueces de “cumplir con su rol de hacer justicia”. Los incidentes con la magistrada Miriam Germán que marcaron la apertura serán siempre un referente.
Pero lo que llama la atención es lo ridículos que lucen el número y la categoría de los acusados frente al período (2001-2014) y las erogaciones de 92 millones de dólares en sobornos que confesó Odebrecht para beneficiarse con la adjudicación de obras. Como si se quedara a mitad de camino
