Washington, EE.UU, EFE.- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, cree que Latinoamérica debe “actualizar” su protección a los derechos humanos para incorporar nuevas realidades, como el género, mientras al mismo tiempo hace frente a los nacionalismos.
En una entrevista con Efe, Abrão afirmó que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que este año cumplió 70 años, supone una “conquista” de las sociedades de Latinoamérica que libraron sus particulares “luchas sociales” con el sueño de una “sociedad democrática y pacífica”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se remonta a mayo de 1948, es el primer documento de derechos humanos suscrito por un organismo multilateral.
Fue firmada incluso antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este 10 de diciembre cumple 70 años y tuvo un valor fundamental a la hora de reconocer la dignidad inalienable de las personas y ayudar al establecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.
“Las declaraciones -explica Abrão- fueron construidas a raíz de un contexto propio al inicio del siglo pasado. Y hubo la sabiduría, obviamente, de establecer unos principios generales suficientemente completos en la lógica de la construcción progresiva de los derechos humanos”.
Ese modelo de construcción progresiva funcionó durante décadas, pero ahora las declaraciones de derechos humanos deben hacer frente a los desafíos de “nuevos tipos de conflictos sociales”.
En opinión de Abrão, las declaraciones de derechos se enfrentan a dos retos- actualizarse para proteger los derechos de las personas ante cambios tecnológicos, médicos y sociales y, además, no permitir “retrocesos” en una región desagrada por dictaduras militares, grupos armados y crimen organizado.
“No debemos permitir retrocesos que muchas veces surgen de discursos antiderecho y movimientos que no quieren reconocer en los derechos humanos un valor universal”, subrayó Abrão. Desde un plano regional, Abrão hizo alusión a las diferencias históricas entre las tradiciones jurídicas del Caribe, de herencia anglosajona, y el derecho civil de los países continentales de las Américas; unas diferencias que históricamente han dificultado la inclusión de los países caribeños en el sistema interamericano.
