Como un acto de “ilegalidad, un abuso de autoridad y un irrespeto al derecho a la libre elección”, calificó este miércoles la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), que se trate de obligar a los empleados públicos a renunciar de cualquier ARS privada para afiliarse al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, en comunicación remitida al Superintendente de Salud y Riesgos Laborables, Pedro Luis Castellanos, le pide “la firme intervención” para evitar que se viole lo que define como uno de los principios básicos de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SNSS).

“Le adjunto a Castellanos copias fotostáticas donde las encargadas de Recursos Humanos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) instruyen a su personal a inscribirse en Senasa”, y agregó que otras entidades públicas también ha aplicado igual procedimiento.

En la comunicación al titular de la Sisalril, los directivos de la ADARS anexan copias que avalan su denuncia y le piden intervenir frente a la violación al derecho de los servidores públicos a decidir libremente la entidad a la que desean afiliarse.

ADARS anota que al pretender obligar a los empleados públicos a inscribirse en Senasa, se viola la ley 87-01, que en su artículo 3 consigna que “los afiliados tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador o proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente”, siguiendo las condiciones establecidas por esa legislación.

Consideró las instrucciones como improcedentes, de las cuales Castellanos ha tenido información de que los empleados públicos representantes de la ARS Senasa visitarán las instalaciones oficiales para realizar los citados traspasos de forma irregular.

“Frente a esas acciones, formalmente solicitamos su intervención para que notifique a las instancias del SDSS que, según nuestro ordenamiento jurídico, ejecutar el traspaso forzoso de estos afiliados constituiría una violación a los derechos fundamentales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y libertad de empresa, que incluye la libre y leal competencia”, precisa la comunicación.