La sentencia de inhabilitación por once años impuesta por el Tribunal Supremo de España al juez Baltasar Garzón constituye una afrenta a la justicia y la culminación de una intensa persecución política de la ultraderecha española para impedir que el célebre magistrado investigara los crímenes perpetrados durante la dictadura del generalísimo Francisco Franco.

Garzón fue condenado por incurrir en supuesta prevaricación al ordenar escuchar conversaciones que sostenían con sus abogados reclusos procesados por un escándalo de corrupción que involucraba a decenas de funcionarios y dirigentes del Partido Popular, a pesar de que esa intervención fue avalada por la Fiscalía Anticorrupción y respaldada por otros dos jueces.

En las conversaciones grabadas los imputados hablaron con sus abogados de como ocultar el dinero obtenido en esos actos de corrupción y depositarlos en bancos suizos para evitar que fueran bloqueados por el juez Garzón, quien investigaba la trama.

Ya antes el Tribunal Supremo intentó inhabilitar a ese magistrado de Instrucción de la Audiencia Nacional Española al formularle una afrentosa acusación sobre uso indebido de fondos durante un viaje oficial a Estados Unidos, proceso por el cual se encontraba suspendido.

Esa monstruosa sentencia supone el fin de la carrera de uno de los jueces de mayor notoriedad mundial en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y la corrupción, por lo que en todo el mundo se emiten notas de condena al Tribunal Supremo español por tan aberrante decisión.

Con la inhabilitación de Garzón, la extrema derecha española ha impedido que la justicia investigue los casos de asesinatos y ejecuciones por motivos políticos perpetrados durante la dictadura de Franco, sin que familiares de las víctimas hayan podido siquiera identificar los lugares donde fueron sepultados sus parientes.

El magistrado Garzón fue condenado bajo el argumento de que violentó el derecho a la defensa, cuando en verdad lo que descubrió fue otro intento de prevaricación entre abogados e imputados que procuraban formas de ocultar dinero por vía de la corrupción política, por lo que ese honorable juez ha anunciado que apelará tan vergonzosa sentencia.

Con la inhabilitación del juez Garzón que cobró notoriedad por la aplicación de la justicia universal a favor de los derechos humanos, el Tribunal Superior de España ha retornado el sistema de justicia español al oscuro período de intolerancia de la dictadura franquista y ha avergonzado a toda la humanidad.