En el 2009 el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, que dirige el reputado intelectual y querido amigo Wilfredo Lozano, junto a la Universidad Quisqueya de Haití, realizaron un taller donde empresarios de ambas naciones debatieron en torno a las posibilidades de fortalecimiento del intercambio comercial entre las economías haitiana y dominicana.

Desde la perspectiva nacional, el trabajo de base de esta discusión fue elaborado por el licenciado Iván Ogando Lora, sin dudas el economista dominicano con mayores conocimientos y experiencia en procesos de integración en el Caribe en el marco de la cooperación con la Unión Europea. Con el título Desarrollo de una agenda comercial Domínico-Haitina vía el Acuerdo de Asociación Económica Cariforo-UE, el estudio también contó con mi modesta colaboración en aspectos institucionales y de derecho económico.

Hoy la columna trae a colación algunas de las interesantes ideas planteadas en este ensayo, publicado por el CIES en el libro Empresariado y Desarrollo Binacional (2010), por considerarlas pertinentes en momentos donde, bajo las directrices expresas del presidente Danilo Medina en su discurso de toma de posesión, se gestiona con el gobierno del Presidente Martelly alcanzar esa voluntad política compartida que ha faltado para regular, liberalizar y fortalecer el comercio de bienes y servicios entre ambas naciones.

El planteamiento medular es que la pertenencia insular al Acuerdo de Asociación Económica Cariforo-UE, mejor conocido como el EPA por sus siglas en inglés, abre una nueva posibilidad de consolidar y aumentar el comercio binacional a través de la Preferencia Regional: esta cláusula multilateraliza las preferencias otorgadas por los países del Cariforo a los de la UE y establece un compromiso vinculante para lograr un avance significativo en el proceso de integración comercial en el Caribe.

En este contexto, el EPA se constituye en el marco jurídico-comercial más idóneo para las relaciones dominico-haitianas, y abre amplias posibilidades de cooperación conjunta en los aspectos comerciales y de inversión que incrementarían los niveles de desarrollo humano a ambos lados de la frontera. Sin embargo, el EPA sólo puede ser un referente ya que no podría dar respuestas satisfactorias a todas las necesidades comerciales entre los dos países.

A pesar de que Haití es nuestro principal socio comercial en la región, se constata que no existe ningún esquema jurídico-comercial que regule y transparente ese intercambio, haciéndolo caro, inestable y con reglas impredecibles, lo que fomenta la informalidad y el comercio ilícito con el consecuente impacto negativo en las recaudaciones fiscales. La más baja estructura arancelaria del vecino país, que ha sido ampliamente aprovechada por los exportadores dominicanos como lo demuestra el comportamiento de las exportaciones formales hacía el mercado haitiano, no constituye un elemento de mayor importancia en unas negociaciones comerciales bilaterales.

Las ventajas de acudir al EPA radican en la posibilidad de normar, transparentar y fortalecer la institucionalidad del comercio a partir de un marco jurídico definido y previsible, así como del aprovechamiento de los recursos de cooperación disponibles para fines de implementación de este acuerdo. De esta forma, también se podrían superar gran parte de los obstáculos no arancelarios que en la actualidad perjudican el flujo comercial transfronterizo.