En los diarios, revistas y álbumes publicados de 1930 a 1961 puede encontrarse los nombres de civiles y militares que en los 31 años de la tiranía de Rafael Trujillo ocuparon secretarías y subsecretarías de Estado, jefaturas de Estado Mayor y de la Policía, dirección de los organismos militares y policiales de inteligencia, puestos en el Congreso, la judicatura y la diplomacia y los consulados.

Esos nombres indignidad, deshonor e intriga de por medio-, por año y desde principio hasta final, constituyeron el armazón administrativo de un régimen de corrupción que envileció al país pero sobre todo a ese mismo grupo de políticos y a un sector bastante amplio de la clase dominante, oportunistas todos.

Esa investigación histórica puede tomar unos dos años y debe significar ocupación de tiempo completo y dedicación exclusiva.

Los jefes militares y de la Policía tenían a su cargo, en la mayoría de los casos, la labor de perseguir, encarcelar o asesinar a los demócratas opuestos a la tiranía y que participaban o no en el sinnúmero de conspiraciones entre 1930 y 1961.

Pero todos los demás, civiles, profesionales e intelectuales, tuvieron una labor de crimen por omisión- en casos, también, por taimada comisión-, que no los libera de responsabilidad de primer grado en la aberración socioeconómica y política de la tiranía.

Los jueces de la Suprema Corte y del Tribunal de Tierras fueron los encargados de legalizar todo tipo de despojo realizado por Trujillo y por Trujillistas de bienes cuantiosos y menos tierras, bienes raíces y cuentas bancarias de antitrujillistas.

Los jueces menores dictaban sentencias siempre de acuerdo a los intereses politicos y socioeconómicos de la tiranía.

Los embajadores y cónsules eran parte de un cuerpo de espionaje y delación de los exiliados y de su persecución y martirio.

Senadores y diputados hacían las leyes que, en muchos casos a posteriori, formalizaban no sólo los despojos sino encarcelamientos, deportaciones y asesinatos de personas o familias antitrujillistas.

Esos legisladores, que no eran elegidos por provincias y otras demarcaciones territoriales sino nombrados por el jefe, debían firmar su renuncia cuando recibían el nombramiento.

¿Temía el tirano que no renunciaran cuando él decidía removerlos? No. Trujillo conocía su poder y el grado del envilecimiento con que había sustituido el honor y la dignidad de esos hombres y mujeres. Lo que le complacía era mantener a esos senadores y diputados en la incertidumbre de no saber cuál mañana leerían en cualesquiera de los diarios de Trujillo que habían renunciado a su curul.

El índice de funcionarios civiles y militares que propone esta investigación permitiría especificar, además, por cuánto tiempo estuvo fulano en gracia o en desgracia y, por la época, el tipo de crimen que apañó y en qué grado fue cómplice de la barbarie trujillista.