El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tienen la obligación ética y moral de evitar por sobre todas las cosas que se interrumpa el año escolar a causa de prolongadas suspensiones de docencia derivadas de reclamos de aumentos salariales para los maestros.

La ADP ha rechazado un incremento salarial del 20 por ciento sobre el salario base de los profesores, dispuesto por el Gobierno y advirtió que auspiciará un proceso de lucha permanente, que Dios quiera no incluya cierre de planteles.

Las autoridades educativas aseguran que ningún profesor percibiría menos de 15 mil pesos por cuatro horas de trabajo y que el promedio salarial sería de 19 mil pesos por tanda y RD$33,000 por jornada completa, pero el gremio magisterial aspira a que el salario base se aumente hasta 13 mil pesos mensuales.

Es una pena que el proyecto de relanzamiento del sistema educativo nacional se inicie con una pugna impregnada de irracionalidad entre ADP y el Gobierno con riesgo de que se frustre el primer calendario escolar que se intenta cumplir bajo la sombrilla del 4%.

Así como el nervio central de la sociedad se activó en reclamo del cumplimiento de la ley que asigna un mayor salario a Educación, el liderazgo social debe reclamar al Gobierno y a la Asociación de profesores que no coloquen en peligro el año escolar ni permitan que por ninguna causa se pierda, aun sea un minuto de docencia.

Duele decirlo, pero ya se anuncia suspensión de clases en planteles públicos de la provincia Hermanas Mirabal, lo que presagia que la paralización de docencia se extendería a nivel nacional, a menos que la dirigencia de la ADP y las autoridades educativas recobren la racionalidad.

¿Por qué más de dos millones de escolares tienen que pagar los platos rotos de un diálogo de sordos? ¿Cómo es posible que se flagele con látigo de ignorancia y exclusión a esa masa estudiantil justo cuando comienza a aplicarse el 4% del PIB a la educación?

Lo que se solicita y se espera merecer es que Educación y ADP retomen su buen juicio y retornen a la mesa del diálogo en procura de una solución racional al conflicto salarial, de lo contrario, la sociedad tendrá que reactivar las sombrillas amarillas para defender a los hijos del pueblo.