Lo aprobado ayer por la Cámara de Diputados en torno a la observación presidencial al Código Penal se erige como un complicado amasijo jurídico con el que se intenta complacer a moros y cristianos al ratificar la penalización del aborto y remitir a una ley especial las sugeridas excepciones de despenalización.
Ese hemiciclo acogió uno de los reparos del presidente Danilo Medina sobre la necesidad de permitir la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro, pero postergó la aprobación de las excepciones referidas a los embarazos producto de violación, incesto o cuando se compruebe malformación en el feto incompatible con la vida.
Es evidente que la mayoría de los legisladores voten a favor de una solución ecléctica ante el debate planteado en torno a si se prohíbe en forma absoluta el aborto o se permite en determinadas circunstancias, por lo que se corre el riesgo que partidarios de una ni de otra posición acojan como buena y válida esa decisión.
En razón de que el presidente Medina no remitió al Congreso una propuesta de texto que sustituyera los artículos del Código Penal observados, la Cámara de Diputados aprobó un escrito complementario que a primera vista parece adolecer de inexactitudes o imprevisiones.
Falta precisar si la Cámara de Diputados cumplió cabalmente con el reglamento interno sobre forma de abordar ese tipo de observación presidencial a una ley, que se afirma requiere de una mayoría calificada, aunque contó con el voto favorable de una mayoría simple.
También se requiere saber cuáles artículos del Código Penal resultaron modificados o totalmente suplantados por el texto alternativo aprobado por la Cámara de Diputados o si se requería que el Senado también los conociera.
Por la excepcional sabiduría que los textos bíblicos le atribuyen, el rey Salomón, con la insólita disposición de ordenar cortar por la mitad a un niño, pudo resolver el conflicto entre dos mujeres que se diputaban su maternidad. No parece que los legisladores hayan logrado reeditar esa fascinante historia.
A lo que se aspira es que el Congreso de la República cumpla con su deber y despeje mediante un texto de ley claro y preciso todo lo relacionado con el conflictivo tema del aborto, que lógicamente, debe estar alejado de intereses políticos o eclesiales y solo cercanos al bien común.