Mediante un comunicado de prensa, La Alianza por la Democracia (APD) expresó que, considera la decisión del gobierno de construir plantas de carbón para conjurar el déficit eléctrico y abaratar los costos de la generación de electricidad es una disposición completamente equivocada que, de concretarse, hará mucho daño sin aportar una verdadera solución a los problemas que pretende enfrentar.

Oponerse a las plantas de carbón no es conspirar, es defender los intereses del pueblo dominicano. Las plantas de carbón son, en realidad, las más caras cuando se les suma a su costo básico los gastos en salud que tendrían que cubrir el pueblo y el Estado dominicano si estas entraran en operación. La verdad es que son las plantas de carbón las que conspiran contra la salud del pueblo dominicano.

El presidente de la República mostró una actitud de desacato ante el fallo del Tribunal Superior Administrativo que ordenó la suspensión de la licitación pública internacional para la construcción de las plantas de carbón. Aunque no le guste la sentencia el presidente de la República está obligado a acatar el mandato de ese tribunal como dijo, en su momento, que tenía que hacerlo con relación al fallo sobre la nacionalidad del Tribunal Constitucional.

Cuando el presidente de la República afirma que “las plantas de carbón deben ser extendidas a todo el país” demuestra de manera más que evidente la falta de sensibilidad ambiental de su gobierno.

Está más que demostrado que el uso de los combustibles fósiles representa la principal causa del cambio climático y de la contaminación en el mundo. El más dañino de estos combustibles es el carbón mineral.

Es por esta razón que está en marcha en el mundo todo un movimiento para limitar el uso del carbón. Se están tomando medidas en este sentido en Estados Unidos, China, los países europeos y en muchos otros.

Los créditos internacionales para plantas generadoras de carbón han sido restringidos o prohibidos por los grandes organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el banco Interamericano de Desarrollo y muchos otros.

Esta es una de las razones fundamentales por las que el consorcio al que fue adjudicada la licitación no ha obtenido, hasta la fecha, el financiamiento requerido para llevar adelante la obra.

El hecho de ser República Dominicana uno de los diez países del planeta más afectados por el cambio climático debería hacer del nuestro uno de los principales abanderados a favor de las energías renovables y de la eliminación del uso de los combustibles fósiles.

La APD ha venido planteando y lo reitera una vez más, que las plantas de carbón de Punta Catalina se están construyendo en violación a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Ley 64-00, que exige a los desarrolladores de proyectos estar provistos de un permiso ambiental. Ese permiso no ha sido otorgado por lo que el gobierno está actuando al margen de la ley.

Hemos planteado, y reiteramos, que las plantas de carbón que el gobierno está construyendo ilegalmente en Punta Catalina dañarán gravemente el ambiente y la salud de los habitantes de la provincia Peravia.

Un estudio preliminar del Estudio de Impacto Ambiental depositado en el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales demuestra que la población de esa provincia no estará protegida si se construyen las plantas. Peravia podría convertirse en un valle de la muerte.

A lo anterior se agrega que una de las empresas constructoras de plantas de carbón que participó en la licitación pública internacional ha alegado falta de transparencia en el proceso y ha apoderado el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en ese sentido. Este tribunal decidió suspender la licitación.

La APD desaprueba la actitud del gobierno inclinada a desacatar el fallo emitido por el TSA. No debe haber dos pesos y dos medidas. Cuando el Tribunal Constitucional dictó su fatídico fallo sobre la nacionalidad el gobierno dijo que no tenía más opción que acatarlo. ¿Por qué actuar ahora de otra manera?

El gobierno debe rectificar y abandonar el dañino proyecto de las plantas de carbón.

El país tiene como tarea abocarse a la construcción de un nuevo modelo eléctrico nacional.

El futuro de nuestro país, como el de América latina y el de todo el mundo, está en las energías renovables.

Al gobierno le han faltado la visión y la determinación necesarias para encarar problemas de fondo del negocio eléctrico, como es el caso de la superación de los contratos onerosos convenidos al margen de la ley.

Todavía es tiempo de que el gobierno actúe en esta dirección. Si lo hiciera tendría el respaldo de nuestra organización y de todo el pueblo dominicano.

La APD desaprueba la decisión del gobierno de supeditar la política de reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas (evasión y robo de energía), a la generación de ahorros como resultado de la construcción de las plantas de carbón. Esta posposición reenvía la reducción de pérdidas a las calendas griegas.

Un plan real de impulso a las energías renovables debe ser puesto en marcha.

La limpieza de todos los embalses de las presas del país debe ser realizada de inmediato.

El desarrollo de una verdadera política de ahorro energético debe ser un pilar fundamental del nuevo modelo eléctrico dominicano.