Baní, Peravia .- La jueza del juzgado de Atención Permanente de aquí, doctora Rosanna Lorenzo Garabito, dispuso conocer para el próximo martes 15 la medida de coerción contra tres jóvenes acusados por el Ministerio Público de ser los autores de la muerte del coronel de la Policía Nacional Daniel Ramos Álvarez.
Desde tempranas horas de la mañana de este viernes un amplio despliegue de agentes policiales fue montado dentro y fuera del Palacio de Justicia de esta ciudad, a los fines de proteger a los acusados y el orden en el área según reveló un oficial de servicio.
La jueza Lorenzo Garabito, acogió el pedido del abogado de la defensa de los acusados, doctor Jorge de los Santos, quien dijo durante la audiencia que el expediente acusatorio le fue entregado a escasas horas de la audiencia y que no había tenido la oportunidad de estudiarlo para garantizar la debida defensa de los acusados, en tanto reveló que el fiscal de Bani, doctor Darío Tejeda Fabal insistía en que la audiencia fuera conocida.
La solicitud de medida de coerción está dirigida a los imputados Rafael Antonio Díaz (Buche), Luis Miguel Santana y/o Walter Antonio Moreta Villalona (El Chamo), y Steven Milciades Ruiz González ( Chiquito), quienes son investigados por la muerte del coronel Ramos Álvarez , quien recibió dos heridas de bala en el pecho en la mañana del pasado martes cuando junto a otros dos oficiales que le acompañaban realizaban una ¨inspección, labores de inteligencia y levantamiento de datos¨, según informó la Policía Nacional.
Los detenidos están acusados de la violación a los artículos 265,266, 295, 296,297, 298, 302, y 209 del Código Penal Dominicano.
La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público será de doce meses de prisión preventiva y de que el caso sea declarado complejo, en prejuicio de Ramos Álvarez, hoy occiso, Marcelino Arias y Leonardo Brazoban Matías, oficiales, estos dos últimos que acompañaban al coronel Ramos Álvarez.
El Ministerio Público está representado, además del fiscal titular Tejeda Fabal, por el fiscal adjunto Rodolfo Vizcaíno Germán, y Miguel Ramos, procurador fiscal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DGPMP).
