El Gobierno ha tenido que saldar una deuda por 31 millones de dólares concedida hace seis años por la banca comercial con aval del Estado a 32 empresas de zonas francas, la mayoría de las cuales no han pagado ni un solo centavo.
Conforme a una relación suministrada por el Ministerio de Hacienda, de todas las empresas beneficiadas con esos créditos, una abonó 19 mil dólares de una deuda de US$4.5 millones; otra avanzó US$4,500, de un monto de 450 mil dólares y una tercera de un préstamo de un millón de dólares apenas abonó US$4,000.
Hace tres años que se venció el plazo para saldar la totalidad de esos 31 millones de dólares más los intereses, por lo que el Gobierno, en su calidad de garante solidario ha tenido que cargar con esos pagos para lo cual emplea dinero de los contribuyentes.
Resulta absolutamente inaceptable que el Estado asuma el sacrificio de pagar 31 millones de dólares como penalidad por inobservancia de personas físicas o jurídicas que incumplieron un compromiso mediante el cual el Gobierno procuró ayudar a capitalizar esas empresas con la inyección global de mil 200 millones de pesos.
En medio de la cruenta crisis financiera mundial, agravada por el final del Acuerdo Multifibras y la apertura del mercado de Estados Unidos a las importaciones de textiles, pieles y calzados, el Estado concedió aval financiero para que esas empresas de zonas francas obtuvieran créditos para su capitalización.
Además, el Gobierno subsidió el pago de una parte de la nómina de trabajadores de esas instalaciones con el objetivo de evitar despidos masivos, lo que permitió que la mayoría de esas instalaciones se recuperen de sus dificultades financieras y operacionales.
Esas instalaciones se beneficiaron con préstamos desde 270 mil hasta cinco millones de dólares, de lo que apenas tres empresas han aportado 27 mil dólares, a pesar de que debieron saldar la totalidad de esa deuda en 2010, razón por la cual la banca comercial ha cobrado al Gobierno los 31 millones de dólares más los intereses.
Esa es una situación penosa, vergonzosa e inaceptable, por lo que el Gobierno está compelido a reclamar por las vías jurídicas pertinentes que las empresas deudoras cumplan con su compromiso de pagar hasta el último centavo de esa deuda. Así no.
