La conformación de la SCJ y del TC evidenció la necesidad de equilibrar los poderes estatales. Si un partido los centraliza, difícilmente se resistirá a imponer sus conveniencias e incurrir en excesos. No fue el caso del exmandatario Joaquín Balaguer, que contando el PRSC con amplia mayoría en el Congreso, cedió el control de la Cámara de Diputados al PLD, desprendimiento que permitió a Norge Botello presidir ese hemiciclo del 90 al 93, a Danilo Medina del 94 al 95, y a Monchy Fadul en 1996.

Encontrándose desde hace años en idéntica situación, el PLD ha sido incapaz de corresponder con la generosidad de la que tanto se favorecieron. Asimismo, ahora podemos comprender el calculado empeño peledeísta por evitar que en las elecciones de mayo del 2010, el PRD ganase una sola curul en el Senado, lo propio que su inflexible oposición a que Amable Aristy Castro, el único senador que cumplía con la diferenciación partidaria exigida por el numeral 3 del artículo 178 de la Constitución, integrase el CNM.

Una u otra cosa hubiesen reducido a 2 de 7 votos los del PLD, pero entre el control absoluto de que dispone en el Senado y el desatino del presidente del PRD de consentir en que la reforma constitucional adicionase al Procurador General como miembro del CNM, los oficialistas terminaron con 5 de 8 votos. Y no otra cosa fue lo que hizo posible la designación de connotados peledeístas, entre ellos 5 abogados que hasta la madrugada del 22 de diciembre ocupaban cargos públicos por decreto.

De ese modo, además de excluirse a jueces de la prestancia e integridad de Ramón Horacio González y Alexis Read, cuyo talento no admite comparación con no pocos de los favorecidos, se separó a Jorge Subero de la presidencia de la SCJ para encumbrar a un abogado estrechamente relacionado al Jefe de Estado. Así, con la tinta de la conveniencia personal consensuada en aposento, se escribió esta historia de la judicatura nacional.