La Junta Central Electoral (JCE) distribuye entre los partidos políticos un monto de 67 millones de pesos correspondiente al mes de febrero, dinero de los contribuyentes para uso y disfrute de una clase política que no acepta que se bote una ley sobre estricto control y fiscalización de sus ingresos y egresos.

Se cuentan por miles de millones de pesos las transferencias presupuestales para beneficio de las tres principales entidades partidarias y sobrantes para otros partidos minoritarios, muchos con pronunciada vocación de bodegas, recursos que van a parar a barriles sin fondos.
Otros muchos centenares de millones de pesos se otorgan graciosamente a mismos partidos representados en el Senado y la Cámara de Diputados para uso a discreción de legisladores que disponen del dinero público como si fuera pan caliente.

El Estado está en deber más que obligación de promover el desarrollo y consolidación de los partidos políticos a través de moderada financiación de proyectos o de iniciativas relacionadas con las campañas electorales, pero de ahí a mantener una burocracia parasitaria hay una distancia apreciable.

Una oligarquía partidaria rehusa aprobar en el Congreso una Ley de Partidos Políticos, que entre otras reglamentaciones, fiscalizaría los aportes que reciben esas entidades provenientes de distintos litorales, incluido, conforme a denuncias, de personas físicas o jurídicas, cuyas actividades colisionan con la ley penal.

En vez de promover mayores controles y drástica disminución de los recursos públicos dirigidos a claques partidarias, grupos minoritarios, como el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), reclaman una mayor participación del pastel, porque lo que reciben “apenas da para cubrir los gastos fijos”.

¿Cómo es posible que centenares de millones de pesos, provenientes de las costillas de los contribuyentes se tiren por desagües de insaciables partidos políticos y legisladores, sin que opere ningún mecanismo efectivo de control o fiscalización?.

Estado y Gobierno están compelidos a administrar y custodiar los recursos públicos para garantizar su buen uso y mejor destino, pero duele saber que recursos que pueden ser dirigidos al bien común, se desperdician en bacanales partidarios, sin parientes ni dolientes.