La Junta Central Electoral (JCE) suspendió el programa social que ejecutan los legisladores con fondos públicos, a los fines de evitar que esos fondos reflejen algún tipo de inequidad en la campaña electoral, una decisión que resulta lógica y no amerita para su cumplimiento de ningún subterfugio jurídico.

No se niega la legalidad y legitimidad de esas ayudas económicas que senadores y diputados dirigen a sectores vulnerables de la población, claro está con la consiguiente supervisión y fiscalización de organismos públicos competentes.

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, al suspender esos programas actúa con absoluto apego al compromiso de transparencia e igualdad relativa entre los actores que participan en el certamen electoral, única garantía de que los resultados comiciales estarán apegados a la justicia y a la obvia voluntad de los electores.

No resulta prudente que voceros de bancadas partidarias en ambas cámaras resten calidad jurídica a la JCE para tomar tan acertada y oportuna decisión, pues no se trata de un asunto de ley, sino de equidad, que conviene en mayor proporción al partido oficial y al Gobierno imputados por la oposición de uso de fondos públicos en la campaña electoral.

Hace más de un año que la Cámara de Diputados suspendió el mentado “cofrecito”, un cuestionado programa de ayuda pública, cuyos fondos fueron transferidos a los hospitales. Que se sepa esa feliz iniciativa no provocó el fin del mundo.

El Senado está compelido acatar la decisión de la JCE con la inmediata suspensión de su “barrilito”, que será sólo hasta junio, con la seguridad de que la Tierra mantendrá sus movimientos de rotación y traslación.

La JCE no requiere de dotación jurídica para ordenar la suspensión de esos programas, pues actúa con suficiente razón y calidad moral para que esa decisión sea atendida por el liderazgo legislativo, bajo el criterio de que lo que es igual no confiere ventaja.

En vez de descartar al árbitro electoral con espurios argumentos jurídicos, las bancadas oficialista y de oposición deberían agradecer a la JCE que con esa suspensión les quita un gran peso o estigma de encima, toda vez que el ciudadano ordinario no cree que esos fondos se usan para lo que dicen los legisladores.