El procurador general y el jefe de la Fuerza Aérea han ofrecido un contundente ejemplo del papel que debería asumir la Administración Pública en tiempos de aguda crisis económica, cuando el drama de las desigualdades salariales entre funcionarios y empleados se expresa con mayor dramatismo.

Mientras el mayor general Carlos Altura Tezanos anunció aumentos salariales para los miembros de la institución que realizan labores especiales, el procurador Radhamés Jiménez Peña dispuso rebaja en los sueldos de altos funcionarios de esa dependencia que ganan por encima de 70 mil pesos mensuales.

Es obvio que esa rebaja salarial, de un diez por ciento para los salarios por encima de los cien mil pesos y cinco por ciento para los que devengan sobre 70 mil, no será bien recibida por los afectados, pero a la Procuraduría le cabe el honor de convertirse en la primera institución oficial que de verdad se aprieta los pantalones.

La jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea ha dispuesto discretos aumentos e incentivos salariales a clases y alistados que de alguna manera alivian la pesada carga que, para esos soldados y sus familias, supone devengar salarios mínimos.

La gravísima crisis económica no parece llamar la atención de las altísimas estructuras de dirección del Estado que devengan salarios muy por encima del promedio en América Latina, que en la mayoría de los casos no se reditúan en beneficio de la población.

El Poder Ejecutivo ha encomendado a la Secretaría de Administración Pública elaborar un proyecto de política salarial que supuestamente conjugaría el desorden o excesivo privilegio y discrimen que prevalecen en el sector público donde funcionarios de tercera categoría o gente empadronada en la nómina oficial devengan ingresos exorbitantes.

En contraposición a ese marco de inequidad e irracionalidad hay que resaltar la medida del procurador Jiménez Peña, de reducir los sueldos de los altos funcionarios de esa dependencia, o las acciones que se encaminan en la Fuerza Aérea y la Marina para incrementar los ingresos de clases y alistados.

Parte el alma saber que funcionarios y consuetudinarios clientelistas políticos perciban lujosos salarios, mientras la gran mayoría de empleados públicos, incluidos médicos, enfermeras, guardias y policías, debe arreglársela con salarios de miseria.