Opinión

¿Cacería?

¿Cacería?

La prensa reporta al menos los asesinatos de diez policías en asaltos y atracos en el último mes, en la mayoría de los cuales los asesinos cargaron con las armas de fuego de sus víctimas. Ayer, agentes policiales ultimaron en Higüey a cuatro individuos a los cuales la institución relacionó con la muerte de varios de sus miembros.

Por el número de policías ultimados y porque cuatro supuestos delincuentes fueron ultimados por patrullas policiales en un solo día, se presume que las autoridades han desatado una cacería contra sospechosos de matar a sus agentes para despojarlos de sus armas.

El sábado, la Policía apresó vivo a un hombre a quien sindica como miembro de “una peligrosa banda de malhechores”, que asegura asesinó al sargento Luis Enrique Ogando Berigüete el 22 de agosto. La institución informó que otros presuntos integrantes de ese grupo están detenidos y otros prófugos, cuyos nombres no se corresponden con los abatidos ayer.

Es claro que las autoridades tienen la obligación de desmantelar supuestas bandas de mata-policías, pero también deben evitar o impedir que la requerida investigación o persecución degenere en una cacería durante la cual los agentes actuantes pretendan imponer justicia por propia cuenta.

A los agentes les corresponde derecho a repeler una agresión a tiros o de cualquier otra forma que ponga en peligro su vida, pero nunca a incurrir en ejecuciones sumarias.

Se menciona el caso de uno de los supuestos delincuentes que se guareció dentro de un panteón en el cementerio de Higüey, donde fue descubierto por una patrulla policial que lo abatió a tiros al tratar de escapar. Sería prudente y oportuno que la Policía ofrezca una explicación del caso.

La sociedad no acepta convivir con ninguna forma de criminalidad o delincuencia, flagelos que son afrontados por la Policía y el Ministerio Público, pero la sanción penal sólo corresponde a los tribunales de la República, que en ningún caso podrían imponer pena de muerte.

Si una persona intenta agredir a una autoridad que requiere su detención sabe que se expone a represalias mayores, pero es importante reiterar que, salvo en esas excepciones, los agentes policiales no deben imponer ni decretar la muerte de ningún delincuente, por muy execrables que sean sus crímenes.

El Nacional

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