El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, agradeció mediante una carta el editorial de El Nacional del miércoles 13 titulado No Más en el cual aplaude la solicitud del Gobierno a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que esa instancia no convoque más audiencias para abordar conflictos referidos a la nacionalidad dominicana.

En el editorial este diario destaca que la Constitución es clara y categórica en establecer que son dominicanos las personas nacidas en territorio nacional con excepción de extranjeros que se hallen o residan ilegalmente.

A continuación la comunicación que dirigió el canciller al director de El Nacional, Radhamés Gómez Pepín:

Apreciado señor Director:

He leído con beneplácito el editorial de ayer del periódico El Nacional, que usted con tanto acierto dirige, titulado No Más, mediante el cual manifiesta su respaldo a la solicitud que hizo el Estado dominicano a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que no convoque más audiencias para abordar el tema de la nacionalidad dominicana ya que el Estado le ha proporcionado respuestas con suficiente fundamento jurídico y con base en el respeto a los derechos humanos y al principio de soberanía de los Estados.

Como bien cita el referido editorial, un principio jurídico elemental señala que una situación ilegal no genera legalidad alguna. Además, en un Estado de derecho, la persona que viola los parámetros jurídicos para ingresar al país como inmigrante, carece de calidad legal para exigirle a ese mismo sistema institucional el otorgamiento de su nacionalidad.

Por eso hemos sido categóricos al señalar que tanto la Constitución Dominicana como la Corte Constitucional establecieron claramente que todo extranjero que se encuentre en territorio dominicano y que no gozare del estatuto migratorio de residente legal es una persona en situación de tránsito, por lo que no le corresponde la nacionalidad dominicana.

Agradecemos su apoyo a esta solicitud y puede usted tener la certeza de que continuaremos defendiendo en todos los escenarios, la autonomía, calidad y capacidad del Estado dominicano para determinar, de acuerdo a sus leyes, quiénes adquieren la nacionalidad dominicana y quiénes son considerados extranjeros.