La Nación Dominicana

Señor director:

Todo Estado tiene el sagrado derecho de ejercer sus asuntos políticos, económicos y sociales, sin la no intervención de otros Estados, debido a que el principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano, a manejar sus asuntos sin la injerencia extranjera.

Hay que mencionar, la carta de las Naciones Unidas en su artículo 2do, párrafo 7, que dice: “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglos conforme a la presente carta”.

Es por esta razón que el experto en asuntos jurídicos, el uruguayo Eduardo Jiménez de Arechaga, en su obra titulada: “El Derecho Internacional Contemporáneo” –señala- que este veto comprende asimismo a los estados miembros toda vez “que la Carta no puede permitir a los Estados hacer lo que prohíbe a la Organización Internacional misma”.

Hay que tomar en cuenta, en consonancia con esta reflexión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que no debemos olvidar, que es la entidad política por excelencia, en la cual están representadas todas las Naciones, y que en diversas ocasiones, ha reiterado si la vigencia de “El principio de no Intervención”. Así, en su Resolución 375 (IV) de 1949, establece en su parte dispositiva (artículo 3) que “todo Estado tiene el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado”.

La República Dominicana se ha visto atacada por organizaciones extranjeras y por Otros Estados, en relación a lo que considera son sus derechos de Soberanía y sus normas Migratorias. Tal es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que le ordena al país modificar su Constitución, para que sean dominicanos los Hijos De Extranjeros Ilegales nacidos en el Territorio Nacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores, el Arquitecto Andrés Navarro García, ha manifestado que iniciará un proceso de explicación a las misiones diplomáticas acreditadas en el país sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que invalida la adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Acción que consideramos de muy atinada.

Atentamente,

José S. Méndez