Despreciados

Señor director:

Los pensionados y jubilados correspondientes a la aseguradora Semma se vienen quejando hace mucho del trato que reciben ante el uso de 3000 pesos que tienen asignados para subsidiar la compra de medicamentos cubriéndoles un 70%, correspondiendo al asegurado cubrir el 30 %.

Lo peor de esto no es la pírrica cuota de tres mil pesos para un año, sino las dificultades que atraviesa el asegurado para adquirir la medicina con la fórmula 70/30, pues el derecho a comprar medicamentos bajo esta fórmula está sujeto a que sean simples, no compuestos. Es decir, que el fármaco contenga un solo componente, pues a partir de que contengan dos o más componentes no los cubre.
Por las dificultades que hay que pasar para adquirir medicina bajo la complejidad expuesta más arriba, muchos optan por no requerirla. Solo lo hacen los más necesitados, pero terminan vencidos por el cansancio y la injusticia, dejando gran parte de los 3 mil pesos que les corresponden en letras.

Pero además hay medicina (Rosuvastatina por ejemplo) que cuestan más de los 3 mil pesos anual del asegurado del Semma. Esta miserable cuota no es acumulativa sino que vence cada año.

Ojala que cuando los tecnólogos de la Nasa revisen el catálogo que rige a las aseguradoras tengan los pies sobre la tierra, y sean realistas, justos y humanos. Otra medida aviesa es la cantidad de procedimientos médicos que el catálogo que rige a la ARS Semma no cubre.

Hay una política de desprecio desde las altas instancias contra los pensionados y jubilados, y en el caso de educación se percibe hasta malquerencia, como lo dejó ver el ministro saliente en 2015, al ordenar un aumento salarial de 10% a los jubilados y pensionados que ganaban sobre 15 mil pesos al mes, pero solo se lo aplicaron a los que cobran por Inabima, y 3 años más tarde no lo han aplicado a los que cobran por Hacienda.

Ni el ministerio de Hacienda, ni Inabima ni ADP contribuyeron para que se les aplicara ese 10% a miles de exservidores que aun no lo han recibido. Nadie hizo nada para cortar las alas a esos malintencionados funcionarios que en rampante desprecio a la equidad retorcieron los derechos de este personal.

Aunque la ley 66//97 manda a indexar cada 3 años a los jubilados y pensionados, el desprecio y la maldad impidieron que el Palacio Nacional, el Ministerio de Educación y la ADP cumplieran con ellos.
Atentamente,
Lic. Santiago Martínez