La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) contrató una firma de abogados para explorar la posibilidad de anular el contrato que mantiene vigente ese consorcio estatal con la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), antigua Cogentrix. Según revelaron fuentes cercanas al Gobierno, la decisión se adoptó ante la convicción de las autoridades sobre la necesidad de defender los intereses del Estado de un contrato que le ha obligado a destinar cuantiosos recursos a cambio de casi nada. También para aliviar la carga que supone para las cuentas de las empresas distribuidoras y el Presupuesto del Estado, los pagos que cada mes deben hacer a CESPM, que aunque se mantenga apagada recibe un mínimo de 4.8 millones de dólares (RD$208 millones).
En 12 años y 4 meses que tiene vigente el contrato firmado por el Estado a través de la CDEEE y del Ministerio de Hacienda, ha pagado a la Cogentrix un total de 1,437.97 millones de dólares, a pesar de que la mayor parte del tiempo sus generadoras están apagadas porque sería demasiado oneroso mantenerlas operando.
En el período citado, la empresa ha generado 5,851 gigavatios hora. Si se relaciona la cantidad de energía que ha servido con el dinero que ha recibido del Estado, daría un promedio de 25 centavos de dólar por cada kilovatio colocado en el sistema por esa empresa.
Sin embargo, la realidad es que ha habido años en que en promedio el costo de ese kilovatio, siempre comparando pagos con energía servida, se ha montado por encima de los 40 centavos de dólar.
Un ejemplo claro es lo que ha ocurrido este año, cuando al finalizar el mes de julio la CESPM había facturado a las Distribuidoras de Electricidad del holding CDEEE un total de 32.88 millones de dólares, y solo había servido 16 gigavatios, lo que da un promedio de dos dólares con seis centavos (US$2.06) cada kilovatio que ha aportado al sistema en el 2014.
Desde su entrada al Sistema Eléctrico Interconectado, en marzo de 2002, la Cogentrix se convirtió en un dolor de cabeza para la CDEEE, debido a sus elevados costos para la producción de energía y a las onerosas condiciones del contrato que ata al Estado dominicano por 20 años.
La historia de la generadora comienza en 1997, cuando un consorcio integrado en Congetrix Energy (65%) y Scotia Energy (35%) ganó la licitación convocada para la venta de energía a la empresa eléctrica estatal.
El contrato firmado tras la licitación fue estructurado en la primera gestión del ex presidente Leonel Fernández, por los entonces administrador, Temístocles Montás, y presidente del Consejo, Celso Marranzini, de la CDEEE, y del lado del consorcio privado contó con la asesoría de quien luego, desde la administración de la empresa estatal, debió lidiar con los primeros conflictos con el consorcio privado, el ingeniero César Sánchez.
Sin embargo, la firma corrió a cuenta de Radhamés Segura, quien sustituyó a Montás en la administración de la CDEEE.
Las operaciones de las tres plantas generadoras, con capacidad para producir 300 megavatios, cien cada una, a partir del diesel, iniciaron a finales del 2001 y marzo del 2002. El atentado terrorista en los Estados Unidos y los posteriores conflictos internacionales, multiplicaron el precio de los derivados del petróleo, especialmente el del diesel para generación eléctrica.
Esta situación provocó que desde el inicio de las operaciones el Gobierno confrontara dificultades para pagar el enorme costo de la energía producida por Cogentrix y se presentaran conflictos que amenazaron con colocar al país en default. Siempre la compañía se mostró implacable a la hora de cobrar al Estado. A finales del 2004, la Secretaría de Finanzas asumió el pago.
Ya para entonces se decidió mantener apagada la generadora porque el precio de su energía resultaba incosteable para el Estado, y las presiones de los inversionistas por su dinero colocaban al país en una situación financiera riesgosa.
UN APUNTE
Un contrato privilegiado
El contrato original con la firmas Cogentrix Energy y Scotia Energy fue estructurado cuando la CDE era administrada por Temístocles Montás y su Consejo de Administración dirigido por Celso Marranzini y del lado del consorcio privado participaba como asesor César Sánchez. La firma del contrato, sin embargo estuvo a cargo de Radhamés Segura.
