La ciudad tiene ciudadanos defendiendo el entorno y preservando su medio ambiente. Mientras que la municipalidad representa un concepto político para mantener un balance entre las demandas del Estado y los intereses de las personas que hacen vida común en una urbe cuyo tamaño poblacional y geográfico requiere una efectiva administración. La mitad de la población mundial vive en ciudades. En proporción similar se distribuye el número de dominicanos que reside en la zona rural y en los grandes centros urbanos.

Desde hace cien años, las metrópolis se han convertido en aceleradas maquinarias productoras de grandes riquezas y una apreciable diversidad económica, ambiental, política y cultural. Pero tienden a promover desequilibrados modelos de concentración de beneficios, creando pobreza, marginalidad y exclusión.

El capital se expande donde una masa de consumidores crece y se desarrolla. El cuadro económico y político que nos presentan las estadísticas dista de ser el ideal que necesita la inversión privada y un liderazgo político sano y vigoroso. Apostar e insistir en un estado de poder, amorfo y descompuesto, es encaminarse a la ruina del orden establecido. Forzar una revolución inevitable, latente ahora en las manifestaciones de protestas escenificadas durante estos últimos días meses.

Es improbable separar el fenómeno político del económico. Relación biunívoca intrincada cuando se desconocen las causas de los fenómenos que dan paso al nuevo proceso o comportamiento social de determinados núcleos. Que la gente del Gran Santo Domingo reaccione diferente a la de Mao frente a un mismo acontecimiento se explica en el tamaño de sus respectivas economías e indicadores demográficos. El ejemplo anterior fue aleatorio.

Tres provincias concentran el 90 por ciento del Producto Interno Bruto [PIB], en cuatro se agrupa casi la totalidad de los parques industriales, cinco manejan siete de cada diez pesos depositados en la banca nacional, y entre los pobladores de las seis grandes ciudades de este país se deciden las elecciones generales, debido a que contienen el 66% de los votantes. Independientemente, por supuesto, de la voluntad, necesidades y aspiraciones de la parte restante.

Estamos ante una concentración de capital propiciadora de un estado de fuerza y de poder que elimina las posibilidades del estado de derecho en el que se basan los regímenes democráticos. Siendo así, el nuestro un sistema fantasioso, ajeno a la propuesta que permita dinamizar e integrar nuestra economía. Somos parte de una confederación de provincias dramáticamente desiguales, donde ha faltado una efectiva administración del Estado. Esto ha facilitado la concentración de riqueza en las grandes ciudades en detrimento del campo.