Código Penal obsoleto

Las agudas contradicciones en torno a la aprobación o rechazo de la interrupción del embarazo en condiciones especiales frustró ayer en la Cámara de Diputados la posibilidad de poner en vigencia un nuevo Código Penal en sustitución de un vetusto estatuto que data de hace 192 años.
El Poder Ejecutivo devolvió la ley aprobada por el Congreso para que se incluyera permitir a la mujer abortar cuando haya malformaciones congénitas incompatibles con la vida, cuando la vida de la madre corra peligro o si ha sido víctima de una violación o incesto.
El Senado rechazó tales observaciones presidenciales, pero el informe desfavorable de una comisión de la Cámara de Diputados no obtuvo el voto calificado, por lo que el proyecto se fue a pique y deberá ser reintroducido y conocido en dos lecturas consecutivas.
A consecuencia de ese impasse, Ministerio Público y Orden Judicial tendrán que seguir lidiando con un Código Penal obsoleto, vigente hace casi dos siglos, incompatible con la realidad jurídica de hoy, porque no prevé abordaje claro en términos de sanciones para crímenes y delitos de última generación.
El tema del aborto ha dividido a la sociedad dominicana en bandos irreconciliables, uno que dice defender el derecho a la vida que la Constitución consagra desde el momento de la concepción, y el otro el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo en los tres causales señalados.
En otros países la contradicción ha sido resuelta mediante la convocatoria de un referéndum para que la población decida sobre tan delicado tema, que no debería mantenerse entre el dogma y el excesivo liberalismo.
Es verdad que el artículo 37 de la Carta Magna consigna que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, pero el artículo 38 señala que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas, lo que obviamente incluye a la mujer.
Lo mejor sería que el tema del aborto sea consignado en una ley especial, si es que alguna vez pueden coincidir el buen juicio y la razón, para que el Congreso se aboque a conocer y aprobar el nuevo Código Penal, antes de que el actual llegue a cumplir tres siglos de vigencia.