Los peros que ha puesto el Fondo Monetario Internacional (FMI), con todo y su flexibilidad, son los que pesan en la evaluación del acuerdo con el Gobierno. Al no concluir las discusiones, una misión del Gobierno viajará esta semana a Washington para buscar una salida a los problemas de las recaudaciones y del sector eléctrico. Esos dos sectores constituyen el cuello de botella que han tenido las autoridades para salvar un convenio vital para preservar la estabilidad y el crecimiento de la economía. Al flexibilizar la indexación de los carburantes y revocar las leyes de incentivo, incluyendo la modificación de la de Proindustria, por presión del sector empresarial, el Gobierno se ha quedado sin opciones para compensar el déficit que arrastra desde el proceso electoral de mayo último. El asunto no está en que el Fondo haya reconocido que la economía se ha recuperado rápidamente, sino en que se tienen que resolver los problemas de las recaudaciones impositivas y el subsidio a la electricidad. El Gobierno, sin opciones para más préstamos, está en un difícil dilema, sobre todo porque la indecisión puede significar un mensaje negativo para los mercados.