CÓJANLO

El caso de la exconsultora jurídica del Consejo Nacional de Drogas, Sonya Uribe Moya, es un tema al que el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, rehúye como el Diablo a la cruz. Por más amena que pueda estar la conversación con los periodistas desde que surge el tema de la exfuncionaria su despedida con un “hablamos después” no se hace esperar. El caso es que Mary Peláez, condenada a 15 años por lavado de activos, dijo que había entregado 50 mil dólares y una yipeta a la exfuncionaria para que diligenciara la devolución de bienes incautados al boricua José David Figueroa Agosto. Tras determinarse otras operaciones con la imputada, Uribe Moya renunció del Consejo Nacional de Drogas. Las explicaciones de las autoridades sobre el caso de la exfuncionario no han sido, desde un primer momento, las más explícitas. Y la actitud del fiscal del Distrito Nacional al rehusar abordarlo como si se tratara de un tema tabú crea más suspicacia. Al señalar que pagó a la exfuncionaria, Peláez trasluce que también ha debido responder ante los tribunales, lo mismo que ella y otros imputados, por la relación con el boricua Figueroa Agosto.