Van a tomarse medidas que necesariamente van afectar a la población. De esa manera ha reaccionado el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, con relación al presupuesto a ese organismo para 2013. Por más que todo se le pegue, la verdad es que la población no debería pagar las consecuencias como resultado de la crisis presupuestaria a que estaría abocada la JCE.
Antes que amenazar a los usuarios, Rosario ha debido, para validar sus argumentos de más recursos para el tribunal, demostrar que en realidad el tribunal los necesita. ¿Acaso tiene la JCE necesidad de 6,000 empleados en su sede central y todas sus dependencias? Es posible que las 19 oficinas para el registro de electores en el exterior sea un exceso.
O un lujo que sólo se permite un país que acaba de aprobar una reforma tributaria para conjurar un déficit provocado por el exceso de gasto. Para más se ha hablado de que las elecciones de este país figuran entre las más costosas del planeta. Castigar a la población con el incremento de los servicios ha debido ser el último recurso del presidente de la JCE para presionar un mayor presupuesto para el tribunal.