La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de apoderar a la Dirección de Migración de unos 19 mil hijos de haitianos nacidos en el país ha avivado las llamas de las discordias que arden en el organismo. La resolución, presentada por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, volvió a marcar la división que corroe a la entidad. Los magistrados José Angel Aquino y Eddy Olivares votaron en contra. Pero en su voto razonado Olivares consideró una ilegalidad no entregar las actas de nacimiento a los hijos de haitianos. Además de que en ningún momento el legislador prescribe la intervención de
Migración para verificar los registros de nacimiento, Olivares precisó que el artículo 31 de la ley 659 sobre actos del Estado Civil reconoce como fehaciente toda acta de nacimiento mientras no sea declarada su falsedad. Si su intención es, para expiar su posible culpa, desvincularse de un conflicto que tiene a República Dominicana al borde del banquillo de los acusados, el presidente de la JCE no ha medido bien sus pasos.
El organismo tiene que asumir la responsabilidad que le compete al respecto. Como alega Olivares
El Nacional
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