Nada se descubre al afirmar que el tránsito en el gran Santo Domingo es un mayúsculo caos donde impera la ley de la selva, pero resulta válido afirmar que el desorden se torna mayor cuando motorizados de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) detienen abruptamente la circulación de vehículos para dar paso a funcionarios públicos o ciudadanos con irritantes privilegios, incluídos empresarios y periodistas.

La ley identifica con claridad los funcionarios públicos que están autorizados a usar franqueadores, pero inexplicablemente cualquier servidor de quinta categoría anda calle arriba y calle abajo escoltado por agentes de Amet en motocicletas de alto cilindraje que apartan vehículos de las avenidas como si fueran moscas.

Esos motorizados detienen la circulación vial en las más congestionadas intercepciones del gran Santo Domingo para despejar el paso de nuevos reyes, sin que se pruebe la concurrencia de alguna urgencia o asunto de seguridad.

No son pocos los accidentes de tránsito que ocasionan esos alocados jinetes en su afán por despejar avenidas y autopistas para que yipetas y carros pescuezo largo transiten por la ciudad con la tranquilidad de un Viernes Santo.

Trastornar de manera inesperada intercepciones de gran flujo de vehículos se ha convertido en una de las causas principales del caos mayor en el tránsito, por lo que se requiere poner coto a tan irritante práctica.

Algunos ministros, funcionarios de menor jerarquía, periodistas y empresarios disponen de tantos o más franqueadores que el propio Presidente de la República, en escenas callejeras pendulares entre la irritación y el ridículo.

No se niega razón ni derecho a funcionarios del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran de ese tipo de servicio, pero no resulta gracioso que cualquier saltapatrás se desplace por la vía pública con tantos franqueadores motorizados como si fuera algún jeque árabe.

El orden del tránsito debería empezar por conjurar esa comparonería.