MONTEVIDEO, (EFE).- La Justicia uruguaya anunció anoche la condena a penas de entre 20 y 25 años de ocho ex militares y policías por el homicidio de 28 personas dentro del Plan Cóndor, orquestado en los años 70 por las dictaduras del Cono Sur para reprimir a opositores políticos.

Esta es la primera condena en primera instancia dictada en Uruguay en un caso de violación de derechos humanos a los procesados y encarcelados en septiembre de 2006 por los hechos ocurridos en 1976, tres años después que se impusiera en Uruguay la dictadura (1973-1985).

Los condenados por el juez Luis Charles son los ex militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, que recibieron 25 años de prisión por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados».

El también ex militar Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima fueron condenados a 20 años de prisión por el mismo delito, aunque en este caso se aplicó una reducción por la participación menor en los hechos, según la sentencia, difundida hoy por los medios de comunicación uruguayos.

Los hechos se refieren a la desaparición y muerte de disidentes políticos uruguayos que se habían refugiado en Buenos Aires y que fueron eliminados allí o trasladados a la fuerza a Montevideo por efectivos militares y policiales participantes en el Plan Cóndor.

En la resolución notificada por el juez Charles se desestimó la tipificación de desaparición forzada reclamada por la fiscal del caso, Mirtha Guianze, especializada en las violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura, y centró su sentencia en el delito de homicidio muy especialmente agravado».

La obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos es una obligación internacional, tanto bajo tratados como bajo el derecho internacional consuetudinario, y es uno de los componentes del deber de garantía del Estado, indicó en su sentencia el juez, citado por la versión digital del diario local El País.

La defensa de los condenados indicó que apelará la resolución judicial ante el Tribunal de Apelaciones Penal.

Lo mismo hará la fiscal del caso para que en la sentencia se incluya el delito de desaparición forzada».

En Uruguay está vigente la llamada Ley de Caducidad, que dejó sin enjuiciar las principales violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Sin embargo, con la llegada al poder en 2005 del Frente Amplio, miembros del poder judicial cercanos a esta coalición de izquierdas pusieron en marcha el procesamiento de algunos ex militares y ex policías que participaron en la represión de los años setenta y ochenta en el marco del Plan Cóndor, con delitos cometidos fuera de Uruguay.