Desde hace más de dos lustros, se viene tejiendo una trama del liderazgo haitiano para fusionar la isla, dando cumplimiento al principio consagrado en su constitución de que somos un solo país, único e indivisible. La conjura cuenta con el auspicio de Francia, Canadá y Estados Unidos, que entienden que debemos asumir la carga que implica las consecuencias de un Estado fallido.

La urdimbre camina a pasos acelerados, pues existe una haitianización en la mayoría de los servicios cotidianos que demandan los nativos, y en la ocupación de un gran número de comunidades donde reinan las costumbres haitianas e incluso izan la bandera de ese conglomerado humano, mientras nuestra enseña tricolor es pisoteada y ultrajada por los grupos sediciosos de haitianos ilegales.

Y lo peor de todo es la pasividad y permisividad que muestran las autoridades frente a este plan siniestro, impulsado por fuerzas extranjeras, cuyos gobiernos no permiten la estancia de haitianos ilegales, deportándolos sin ninguna clase de consideración, violando los derechos humanos que tanto invocan para atacar al país, cuando se realiza algún intentado de ejercer algún control migratorio.

El ingeniero Francisco Osorio, del grupo Patriotas Dominicanos, nos envía la siguiente carta: ¨La patria está en peligro. Nuestro país parece una selva, donde los animales andan libres y sin ningún control.

Andamos como chivos sin ley; pero aquí tenemos leyes y normativas que solo deben ser aplicadas y hacerse cumplir. Nuestra soberanía es sagrada, y en la actualidad se haya transitando en la cuerda floja por la desbordada avalancha de inmigrantes ilegales.

Yo como simple ciudadano, pero preocupado por esta situación les propongo o les sugiero a las autoridades competentes que elaboren y pongan en ejecución un plan de trabajo, el cual consiste en procurar que todos los ciudadanos tanto nacionales como extranjeros deban tener consigo sus documentos personales para andar y transitar en las vías públicas de todo el territorio nacional.

Dicho plan de trabajo debe ser ejecutado por un periodo mínimo de tres meses, de manera que quien no pueda justificar la falta de documentos, si es extranjero de inmediato sea deportado a su país.

Sabemos que por negligencia algunos dominicanos no tienen documentos.