Consejo del Poder Judicial habilita tribunales especializados

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Santo Domingo.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso este jueves la puesta en funcionamiento de la Novena y Décima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializadas en asuntos de comercio, y como Tribunales de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciales.

Según se explica en un comunicado, las referidas salas operarán provisionalmente en horario vespertino de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, a partir del lunes 18 de marzo, horario en que se celebrarán las audiencias.

La novena Sala funcionará en las instalaciones de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y la décima Sala en las instalaciones de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, hasta tanto comience sus operaciones el Edificio de las Jurisdicciones Especializadas, que se construye en la calle Cervantes, sector de Gascue del Distrito Nacional.

La decisión está contenida en las Actas núm. 09/2019 y núm. 36/2018, que consignan que el propósito de la medida es dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 236 la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, del 7 de agosto de 2015.

Dice que el objetivo de la Ley 141-15 es establecer los mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, que puedan impedir el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Asimismo, lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciales, mediante los procedimientos de reestructuración o liquidación judicial, conforme se definen en la ley.

El comunicado indica que la norma rige para las personas físicas comerciantes, nacionales o extranjeras, y las empresas nacionales y las domiciliadas o con presencia permanente en el territorio nacional, con excepción de las empresas y sociedades comerciales cuya participación mayoritaria o control es ejercido por el Estado.