El director de la Unidad Antilavado de la Procuraduría General ha revelado que en el compartimiento de doble fondo de una yipeta de una presentadora de televisión fueron encontrados 300 mil dólares, pero rehusó divulgar el nombre de esa persona porque no deseaba dañar su imagen y porque no tenía responsabilidad penal en el ocultamiento de ese dinero que provendría del narcotráfico.

La finísima actitud del doctor Germán Miranda Villalona frente a esa innominada comunicadora contrasta con ásperos pronunciamientos suyos en torno a otras personas a las que también debería presumirse inocencia en casos relacionados con lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

No parece un cuento de hadas la versión de ese procurador adjunto de que alguien preparó una especie de maletín secreto en el interior de un vehículo ajeno para ocultar un lote de dólares producto de transacciones de drogas, un caso grave incompatible con ese extraño gesto de cortesía, porque hasta donde se tiene conocimiento, el Ministerio Público no tiene esas prerrogativas.

Ni por asomo se pone en duda el criterio del doctor Miranda Villalona de que esa presentadora de televisión nada tiene que ver con el hecho de que en un compartimiento secreto en un vehículo que se dice de su propiedad fueron encontrados 300 mil dólares que se afirma provienen del narcotráfico, pero llama la atención que ese procurador asuma el rol de juez para determinar que la innombrada no tuvo nada que ver con el hecho.

En el caso de un ex oficial que aceptó voluntariamente su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por el crimen de narcotráfico, el Ministerio Público refirió que se incautó bienes e inhabilitó cuentas bancarias que estaban a nombre de su esposa, suegra y otros familiares. Vale preguntar si esos parientes del imputado deberían recibir el mismo tratamiento de cortesía y consideración que el doctor Miranda Villalona dispensó a la tal presentadora de televisión.

Con frecuencia, la Unidad Antilavado y otras instancias del Ministerio Publico y de la Policía presentan a muchos Juan de los Palotes, investigados sobre posibles infracciones criminales, quienes son identificados con nombres y apellidos, divulgado la dirección de su domicilio y otras generales, sin respetar el precepto constitucional de la presunción de la inocencia. ¿No merecen esas personas el mismo tratamiento otorgado a la innombrada presentadora de TV?

El magistrado Miranda Villalona dispensó un irritante privilegio incompatible con sus delicadas funciones de representante de la sociedad en la prevención, persecución, investigación y sometimiento de crímenes y delitos, aunque los fiscales también fungen como garantes de los derechos de los ciudadanos en conflicto con la ley.

Ahora resulta que toda persona que desempeñe el rol de presentadora de televisión es objeto de sospecha colectiva de que en su vehículo posiblemente fueron encontrados los 300 mil dólares cuya propiedad se atribuye a una banda de narcotraficantes. ¿Acaso esa situación creada por el magistrado Germán Villalona no significa violación de derecho?