Editorial

Contraste

Contraste

La historia de República Dominicana y Haití durante los últimos 25 años ha sido de marcado contraste entre un crecimiento y atraso, estabilidad y anarquía, lo que produce hoy tan marcado desbalance entre los vecinos que comparten la isla Hispaniola.

En 1990, el Gobierno dominicano abrió su economía al mercado global, inició la diversificación y ampliación de sus exportaciones e inició lo que sería su promisoria industria del turismo; Haití, en cambio, se sumió en cruenta crisis política, sustentada en esfuerzos por una institucionalidad democrática que aún no alcanza.

El crecimiento de la economía dominicana ha sido constante durante el último cuarto de siglo, con un promedio de 7,0 por ciento del PIB, pero los vecinos del oeste llevan todo ese tiempo con sus cuentas en rojo.

Gobierno y fuerzas productivas nacionales han sabido aprovechar los esquemas regionales y mundiales de integración, desde la Iniciativa Reagan para la Cuenca del Caribe, de Estados Unidos, hasta el Acuerdo de Lomé, de la Unión Europea. Haití, en cambio, ha tenido que conformarse con la caprichosa ayuda internacional.

Hace más de 50 años que República Dominicana ejecuta un programa de construcción de presas y embalses de agua para la generación eléctrica, cultivos y consumo humano, pero durante ese tiempo el territorio haitiano ha quedado virtualmente desértico a causa de una sostenida y extendida deforestación.

La mayoría de los diez millones de haitianos cuecen sus alimentos con carbón vegetal, lo que acelera la depredación de zonas boscosas. Aquí se cerraron los aserraderos y se distribuyeron miles de estufa de gas, lo que ha significado que hoy la casi totalidad de los dominicanos usen combustible fósil en sus cocinas.

El liderazgo político nacional ha manejado con inteligencia y responsabilidad las crisis políticas que afloraron en los últimos 26 años, lo que arroja como resultado una democracia sostenida en sólidos y extendidos ramales institucionales. En Haití, la democracia sobrevive entubada por una intervención patrocinada por Naciones Unidas.

En vez de acudir en ayuda del pueblo haitiano, grandes metrópolis y organismos multilaterales pretenden penalizar a República Dominicana por haber multiplicado por cuatro su PIB en 25 años y obligarla a acarrear la carga de atraso y miseria acumulada por su vecino durante ese tiempo. Así no.

El Nacional

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