QUITO, Ecuador (AP) _ El presidente Rafael Correa anunció el sábado que pedirá al Legislativo que denuncie 23 tratados de protección de inversiones suscritos por anteriores gobiernos «neoliberales» y que convocará a una comisión que audite otros convenios suscritos por el país por considerar que perjudican los intereses nacionales.

«Vamos a establecer una comisión de auditoría a los tratados de protección recíproca de inversiones y de sistemas de arbitrajes. Estos son argollas de negocios, son 16, 20 árbitros que atienden más del 50% de los juicios, todos a favor de las transnacionales y ganan millones de dólares», expresó el mandatario en la transmisión sabatina de su programa Diálogo con el Presidente.

Agregó que al igual que la auditoría que se realizó a un tramo de la deuda externa ecuatoriana en el 2008 y que sirvió para declarar su ilegalidad y no pago, «vamos a pedir una auditoría a todo este mundo de argollas de arbitraje internacional por medio de movimientos sociales y expertos nacionales e internacionales».

«Individualmente estos señores pueden pisotear a nuestros países… regionalmente nosotros imponemos nuestras condiciones a estas transnacionales», añadió en alusión a una acción conjunta de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas y la Alianza Bolivariana para las Américas.

Correa pidió que que al siguiente día de asumir sus cargos el 24 de mayo, los nuevos asambleístas «denuncien en paquete» los 23 tratados de protección recíproca de inversiones suscritos por Ecuador, aunque admitió que por las cláusulas aceptadas por los gobiernos anteriores, seguirán vigentes unos 20 años más. El oficialismo goza de mayoría en la composición de la futura Asamblea.

La denuncia de los tratados «significa que ya no nos adherimos» a ellos, explicó.

El jefe de estado criticó nuevamente las demandas de arbitraje interpuestas por la petrolera estadounidense Occidental ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones (CIADI) y la de Chevron Corp. ante la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

En el primer caso el Ciadi determinó el pago de una multa de más de 2.000 millones de dólares al estado ecuatoriano, fallo que fue apelado, mientras en la segunda el tribunal internacional dispuso la suspensión de la sentencia para el pago de unos 19.000 millones de dólares por parte de la compañía a riesgo de que el estado deba asumir el pago si no cumple la disposición.

Chevron Corp. aduce irregularidades y fraude en el juicio entablado por comunidades amazónicas por daños ambientales por su operación petrolera, mientras el gobierno sostiene que se trata de un juicio privado por lo cual la UNCITRAL carece de competencias para conocer el caso.

En un comunicado enviado con anterioridad a la AP, el vocero de Chevron para América Latina, James Craig, al ser consultado sobre la posición de Correa de buscar un pronunciamiento regional, aseguró que «cualquier declaración del ALBA o de UNASUR en contra del laudo provisional no tendrá ningún efecto, puesto que estos organismos carecen de jurisdicción o autoridad para afectar de manera alguna dicho laudo».

«El tribunal (internacional) es la única autoridad debidamente constituida para resolver la disputa entre Chevron y el Ecuador bajo lo establecido por el BIT (Tratado Bilateral de Protección de Inversiones)», agregó.

El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño afirmó en el programa presidencial que el 22 de abril se realizará una reunión con otros países de Suramérica afectados por acciones de las empresas transnacionales, pero no precisó más detalles sobre ese encuentro.