Caracas, (EFE).- La corrupción en las empresas estatales llevó a Venezuela a la debacle económica, según un informe presentado este viernes por la ONG Transparencia Venezuela, que estudió el desempeño de 576 de estas compañías que en la actualidad no están produciendo o producen “muy por debajo de las necesidades del país”.
En un documento extenso, la ONG hace especial énfasis en 160 empresas de las áreas de minería, hidrocarburos, servicios públicos y agroalimentario; se analizan sus reglas, resultados financieros, responsables de gestión y casos de corrupción que se han denunciado públicamente.
En el caso de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la principal empresa del país, se indica que la pésima gestión, la politización y la corrupción son las principales causas del sostenido desplome del bombeo de crudo.
Señala el documento que esta caída inició en 1999 “con la llegada al Gobierno” del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y tomó velocidad con el despido de cerca de 20.000 profesionales y técnicos que protagonizaron una huelga de trabajadores entre 2002 y 2003.
El texto añade que el bombeo experimentó una “intensificación” en su desplome desde 2013, cuando Nicolás Maduro ascendió a la presidencia. Según el informe, los Gobiernos chavistas han impuesto a Pdvsa una “excesiva carga fiscal” para financiar gastos sociales, lo que ha impedido a la estatal realizar “inversiones y mantenimiento” a su infraestructura de explotación y transporte de crudo.
Estos gastos sociales, al tiempo, están vinculados a casos de corrupción como “Pudreval”, como se conoce en Venezuela a una operación que importó toneladas de alimentos descompuestos con recursos de Pdvsa.
Además, en la estatal han ocurrido otros hechos de corrupción relacionados con el desvío de recursos, el pago de sobornos y la compra de materiales con sobrecoste. La Fiscalía venezolana ha abierto investigaciones contra casi 100 altos cargos de la estatal, incluidos sus últimos dos expresidentes, Eulogio del Pino y Rafael Ramírez, quien fuera presidente de Pdvsa entre 2004 y 2013.
Durante la presentación del informe, la investigadora Mercedes de Freitas indicó que las cifras de corrupción en la estatal “son extraordinarias y no ocurren en otros países”, y alertó sobre “la presencia voraz” de la Fuerza Armada en el negocio petrolero. De acuerdo a datos divulgados por la Opep el pasado martes, la producción de Venezuela se situó durante octubre en 1,17 millones de barriles diarios, un nivel que es 39 % inferior al promediado en todo 2017.
Por otro lado, De Freitas indicó que los militares también controlan el sector agroalimentario y señaló que la corrupción en 42 empresas del Estado ha agravado la crisis en esta materia. Transparencia responsabiliza igualmente a los gobiernos de Chávez y Maduro por esta situación.
“La materia prima agrícola y los alimentos, en los últimos diecinueve años, han sido manejados como instrumentos de dominación y proselitismo político de la clase gobernante”, dice el escrito.
Se destaca el caso de la empresa española Agroisleña, expropiada en 2010 y bautizada por Chávez como Agropatria y que hasta ese momento prestaba servicios a los productores agropecuarios a quienes vendía materia prima, equipos, fertilizantes y ofrecía asistencia técnica.
“Ocho años después de creada Agropatria, ente adscrito al Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, muestra una marcada involución caracterizada por- convertirse en un monopolio de agroinsumos producto de la negación de divisas y la no cancelación de la deuda a las empresas de la misma rama”, dice.
Asimismo, se indica que debido a la caída en sus funciones, la empresa ahora convertida en Agropatria ha “desabastecido” y “abandonado” los sectores agrícolas que tienen que ver con hortalizas, raíces tubérculos, frutales y medicina veterinaria, entre otros.
Transparencia Venezuela también recordó que actualmente en el país existe una severa crisis eléctrica con apagones constantes. Señaló que, respecto a la institución encargada de este servicio -Corpoelec- resalta el caso de la Hidroeléctrica Tocoma, cuyo costo de construcción se ha triplicado y debió inaugurarse en 2014.
“Se eligió como caso relevante el de la Central Hidroeléctrica Tocoma no sólo por ser el de mayor monto, sino porque a pesar de que el monto invertido es más del triple del previsto inicialmente, hasta la fecha de realización de este informe sólo uno de los diez conjuntos de turbina-generador ha sido instalado”, asegura.
La corrupción en los distintos sectores económicos del país ha sido alertada por la oposición venezolana, que también señala que esta es una de las razones de la crisis en el país; sin embargo, el Gobierno venezolano achaca la situación a las sanciones y el “bloqueo” de Estados Unidos.
