El Abogado Manuel Sierra Pérez consideró hoy como una irracionalidad, con matices de falta de autoridad, el proyecto de ley para el bloqueo de señalares telefónicas en los centros penitenciarios presentado ayer por la Procuraduría General de la República por ante la Cámara de Diputados.

Para Sierra Pérez el proyecto resulta sospechoso y atentatorio para el libre ejercicio de la abogacía, en vista de que una vez aprobado, si llegaré a ocurrir, pudiera ser aprovechado para captar e intervenir los teléfonos y comunicaciones privadas entre los imputados y los abogados.

“Pudiera constituir y prestarse para una nociva y grosera práctica contra los derechos comunicacionales entre presos, abogados y jueces, lo cual ya sucedió recientemente en el país donde a jueces y abogados de forma clandestina les fueron interceptadas sus comunicaciones de manera disfrazada, amén de que se pudiera captar llamadas sin órdenes judiciales amparados en esa ley, lo cual es propio de épocas superadas pero que se procuran sutilmente y bajo un ropaje de legalidad instaurar con una ley”, observó el experto en asuntos penales.

Dijo que dicho proyecto, además de ilógico, es sospechoso y evidencia falta de control y autoridad, ya que los presos no disponen de libertad para poder tener consigo un teléfono en su celda.

Recordó que no es la primera vez que desde la Procuraduría se encaminan acciones de esta naturaleza y recordó que en gestiones anteriores se llegó incluso a crear algunas resoluciones a los fines de bloquear las comunicaciones y celda de los teléfonos que usan desde la cárceles los internos, cuyos aparatos son introducidos allí con el concurso de las mismas autoridades que los custodias y que es en contra de quienes se debería actuar finalmente, debido a que los internos no gozan de libertad y están a expensa de sus vigilantes.