El Nacional
El abogado y diputado Pelegrín Castillo advirtió hoy que no es el mejor momento para restringir el uso de armas de fuego a quienes las portan legalmente, como pretende Interior y Policía, porque la percepción que hay es de que el orden público no está garantizado.
Reiteró asimismo que es discutible la facultad del secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda, para restringir el uso de armas de fuego en determinada temporada.
Explicó que el artículo 27 de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que es en el que se basa Almeyda para adoptar su decisión, lo faculta a revocar una licencia, no a determinar de manera general en qué momento el que tiene su licencia puede usar el arma.
Consideró que el funcionario ha hecho una interpretación arbitraria de ese artículo de la indicada legislación.
Destacó que Almeyda ha tomado esa decisión en el peor momento, porque la percepción que hay es de que el orden público no está garantizado.
Ayer, Almeyda le dijo a Castillo que él es un abogado con 40 años de ejercicio y que sabe lo que está haciendo.
Castillo sugirió a Almeyda que si quiere evitar esa facultad debe presentarle al Poder Ejecutivo un proyecto ley que modifique la 36 sobre Porte y Tenencia de Armas.
Consideró que no se puede reemplazar el imperio de la Ley por datos de una encuesta, de la que dijo es la base del planteamiento de Almeyda.
Este es el peor momento para las autoridades tomar una decisión en ese sentido, porque hay una percepción en la ciudadanía de que el orden público no está garantizado, insistió.
Destacó que el crimen organizado tiene una presencia cada vez más fuerte en el país, por lo que ante un panorama de esa naturaleza no es prudente desarmar a la gente.
Sostuvo que lo ideal fuera que la gente no tuviera necesidad de portar armas, pero que las condiciones no están dadas para eso.
Advirtió que se trata de una medida peligrosa, porque afectará a gente que tiene necesidad de seguridad.
Explicó que el porte de arma es un derecho derivado, cuyo fin es proveerle a la gente medios para defender su vida y sus propiedades.
Almeyda dijo ayer que en Interior y Policía hay registradas 202 mil licencias para porte y tenencia de armas de fuego, y según Castillo, los crímenes cometidos con armas de fuego legales son ínfimos en comparación con la cantidad de gente que la porta con permiso.
Castillo enfatizó que el artículo 27 de la Ley habla de revocación de licencias, no de determinar cuándo la población puede portar las armas.
Numerosas personalidades han expresado su objeción a la iniciativa de Interior y Policía, entre ellas monseñor Agripino Núñez Collado, quien ha planteado que primero hay que desarmar a los delincuentes.
