Editorial

Cuentas claras

Cuentas claras

Al advertir que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno es insostenible, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) atribuye  el grave deterioro  de las finanzas públicas al aumento desmedido del gasto público, un tema que el Gobierno ha rehusado incluir entre las causas  probables de la debacle financiera.

Aunque las autoridades admiten que  el faltante presupuestal se eleva a más de 130 mil millones,  sin incluir  el déficit  cuasi fiscal del Banco Central, no se ilustra a la ciudadanía sobre  si esos recursos  fueron  empleados   dentro del esquema de una mejoría en la calidad del gasto o si  fueron tirados por la ventana oficial en medio de una juerga  dispendiosa.

No hay forma de convencer al sector productivo ni a la población de que acepten cargar con un ramillete de impuestos, sin que el Gobierno siquiera  explique  el porqué de un déficit tan pronunciado (7% del PIB) si los ingresos han crecido  sobre un 10% durante los últimos  seis años.

El Conep revela que  durante  el periodo 2008-2011 el déficit acumulado por el Gobierno central  fue superior a los 225 mil millones de pesos, pero el estimado para 2012 será  de más de 150 mil millones. Se retorna a la pregunta inicial de por qué  se incurrió  en  dispendio tan descomunal.

El empresariado no debería tener reparos en  aceptar o promover un pacto fiscal que también incluya  garantía de  incremento en las recaudaciones tributarias, pero le asiste derecho, como  al resto de la población, a exigir  al Gobierno que, además de cuantificar  el déficit fiscal, explique  a dónde  fueron a parar tantos miles de millones.

Las variables ingreso y gasto deben  tener la misma categoría  de interés y promoción por parte de  autoridades y sector productivo, pues de nada  sirve que el Gobierno, mediante una caterva de impuesto,  disminuya el desajuste fiscal, sin antes  establecer o precisar las razones  de un desorbitado nivel del gasto público.

A pesar del dispendio  que refleja un déficit medido en términos absolutos en más de 150 mil millones de pesos, el índice de competitividad de República Dominicana fue uno de los peores  del mundo y la educación ha ido de mal en peor, sin que tampoco se registre un incremento  del empleo digno o productivo.

El presidente Danilo Medina está compelido a contar todo lo  sucedido  alrededor  de ese dispendio en el gasto que prevaleció durante la Administración anterior y con más crudeza durante  el más reciente periodo electoral. Las cuentas claras se reputan también como cuentas completas.                  

El Nacional

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